El congresista de Unidad y Diálogo Esdras Medina presentó ayer una moción para crear una comisión multipartidaria que investigue las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal Patricia Benavides, contra el periodista Gustavo Gorriti y los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Como se sabe, a raíz de las declaraciones brindadas por Villanueva al Ministerio Público, en el marco de una investigación contra Benavides por organización criminal, el fujimorismo, el Apra y sus aliados utilizaron este testimonio de forma selectiva.
El exasesor, también conocido como el Filósofo, deslizó sin pruebas que Gorriti y los fiscales buscaron acorralar a Alan García y Keiko Fujimori con el caso Lava Jato.
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La moción de Medina se enfoca en crear una comisión por las acciones que Villanueva le atribuye a Gorriti y los fiscales para “esclarecer los hechos y eventualmente sancionar a los responsables de la presunta comisión de delitos relacionados con la declaración testimonial del aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva”.
La comisión investigadora que pretende crear la moción de Medina sería con ocho integrantes. El argumento es que así habrá pluralidad democrática y proporcionalidad a todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, actualmente en el Congreso hay diez bancadas. Con la fórmula que propone dos grupos quedarán fuera.
Además, el tiempo que tendría esta comisión para investigar sería de 120 días, con la opción a que pueda solicitar más plazo.
En la mira. Otra vez asoma la propuesta de crear una comisión investigadora. En esta ocasión, contra el periodista Gustavo Gorriti y los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Foto: difusión
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La creación de esta comisión depende de que 46 parlamentarios respalden en el Pleno la moción de Medina. Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Unidad y Diálogo tienen ese número de votos.
El problema es que el Congreso se encuentra de receso hasta marzo. Fuentes de Alianza para el Progreso (APP), el partido que preside la Mesa Directiva, aseguran que por decisión de su dirigencia no se apoyará la convocatoria de un Pleno extraordinario.
Es decir, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, de APP, no convocará por iniciativa propia a sesión.
Promotor. Esdras Medina de Unidad y Diálogo. Foto: difusión
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Pero, además, la propuesta de crear una comisión no menciona que Villanueva aseguró que su exjefa y Keiko Fujimori coordinaron la remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y que este plan contó con la participación de un grupo de congresistas, entre ellos Martha Moyano, de Fuerza Popular, y Patricia Chirinos, de Avanza País. Esta parte de la historia es pasada por alto.
Mientras eso, hay otro asunto a resolverse con Medina. El legislador es el delegado en la denuncia constitucional contra los miembros de la JNJ. Se trata de un caso en el que los magistrados son imputados de haber cometido infracciones a la Constitución cuando permitieron que la consejera Inés Tello siga en la Junta, pese a tener más de 75 años. Medina ya entregó su informe final y recomienda inhabilitarlos por diez años.
El presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, sin embargo, presentó una recusación contra Medina, debido a que el pliego de preguntas enviados a esta institución en diciembre, según el magistrado, evidencia que el delegado adelantó opinión antes de presentar su informe.
El ponente ha rechazado la recusación, pero la última palabra la tiene la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, de APP. La República le preguntó si esta semana será resuelto ese caso. “Me parece que Esdras ya respondió la recusación”, indicó. Pero ¿la decisión no la toma la Subcomisión? Camones alegó que aún no ha revisado la recusación. El caso está en el limbo.
Cuando la JNJ suspendió por seis meses a la fiscal Patricia Benavides como titular del Ministerio Público, el congresista Esdras Medina presentó una moción para abrir otra investigación sumaria contra los miembros de la Junta. La moción aún no es debatida.
La razón fue que los magistrados Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala tuvieron un conflicto de interés cuando suspendieron a Benavides, debido a que la fiscal los investigaba por presunto patrocinio ilegal.
Así sería la composición de esta comisión y el plazo que tendría para investigar.