El reto de las organizaciones sociales del país es trasladar la indignación de las encuestas a las calles. Para los días 7, 8 y 9 de diciembre, se convocaron jornadas de lucha para insistir en la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una consulta popular para cambiar la constitución política, la liberación de una decena de presos políticos, y la lucha contra la corrupción en el Ministerio Público, entre otros temas.
Al cierre de esta edición, el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), Elmer Arenas, sostiene que también se incluirá en la plataforma el rechazo a la liberación del expresidente Alberto Fujimori.
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Varias encuestas revelan que la desaprobación de Boluarte y los 120 congresistas supera el 90%. Sin embargo, ese rotundo hartazgo no se ha trasladado a las calles. La fecha elegida para manifestarse tiene un valor simbólico, ya que conmemora un año del gobierno de Boluarte tras el intento de golpe de Estado del expresidente Castillo.
La Asociación Nacional de los Pueblos (ANP) ha asumido la articulación de las protestas en las principales ciudades del país. El último fin de semana, el secretario de la Confederación General de Trabajadores e integrante de este colectivo, Gerónimo López, estuvo en Arequipa ultimando los detalles. Luis Vilca Pachao es uno de los voceros.
Este anunció una conferencia hoy para pedir a la sociedad arequipeña que se sume a la protesta. Vilca Pachao afirma que insistirán en la liberación de Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado. Según Vilca, el exmandatario no dio ningún golpe de Estado porque los hechos nunca se perpetraron.
El coordinador del Frente de Defensa de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, Rubén Rojas, anunció que más de siete mil comerciantes se sumarán a las marchas. Los más de 50 mercados cerrarán desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p. m., mientras que los comerciantes marcharán por las calles aledañas a la plataforma comercial.
Los dirigentes cuestionan al gobierno por el incremento de la delincuencia y por entorpecer las investigaciones sobre las muertes de diciembre y enero. Señalan que los comerciantes fueron afectados por la recesión económica que se vive en el país.
La protesta se da con la aprobación del Decreto Legislativo 635, que agrava las penas para las personas que bloqueen las vías de comunicación durante las manifestaciones. Consideran que esta medida busca intimidar a los dirigentes y a la población. Por su parte, la prefecta regional de Arequipa, Lucía Valdivia, junto con la Policía Nacional, ha coordinado un despliegue policial para garantizar el orden público y la seguridad durante las manifestaciones. La prefecta también informó que se aplicará la normativa a partir de esta marcha, pero los manifestantes indicaron que se manifestarán de manera pacífica.
Sin embargo, se ha advertido que las marchas no cuentan con garantías de orden público. Los dirigentes esperan que la protesta tenga una amplia participación y no descartan continuar con las manifestaciones en el futuro, dependiendo de los resultados y la evaluación de la situación.
Javier Corrales es el vocero oficial del transporte de carga. Este anunció que no paralizarán sus actividades el jueves. Apoyan la medida de fuerza, empero ellos han participando en varias jornadas de lucha y acusan desgaste.
La situación del país es indignante. Entiendo que muchos ciudadanos están cansados, muchas marchas en este año; otros viven del día a día
y una paralización los perjudica. La protesta de mañana es una oportunidad para decirle a este Gobierno y Congreso sobre su alto nivel de desaprobación. Tenemos que salir a defender la voluntad del pueblo. Este Congreso hace lo que le da la gana. En el año 2018, en el referéndum, se rechazó la bicameralidad, sin embargo ellos lo ha vuelto a aprobar. Hacen lo que quieren.Mire cómo campea la corrupción en el país.