Pedro Castillo negó actos de corrupción en su gestión
Declaración. Deslindó de los actos ilícitos que desconoce y que pudieran haber realizado sus sobrinos, colaboradores políticos y exministros de Estado.
El presidente Pedro Castillo Terrones acudió a la sede del Ministerio Público a declarar en calidad de investigado. La primera vez en la historia del país que un jefe de Estado acude a la fiscalía a declarar en calidad de investigado.
Por mandato del artículo 117° de la Constitución, el Ministerio Público siempre consideró que un presidente no podía ser investigado, pero el actual fiscal de la Nación ha cambiado de opinión.
La fiscalía considera que existen suficientes indicios de actos de corrupción que hacen necesario realizar una investigación y citó al presidente para que presente sus descargos, este viernes 17 de junio.
A través de su abogado Benji Espinoza, el presidente pidió al Poder Judicial que haga valer la protección que le confiere la Constitución y anule la investigación. El juez supremo Juan Carlos Checkley aún no se pronuncia.
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Diligencia
El interrogatorio se realizó en el piso 11 de la sede del Ministerio Público y estuvo a cargo del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el fiscal adjunto supremo, Samuel Rojas Chávez.
Castillo llegó a la sede de la fiscalía caminando desde Palacio de Gobierno. En el trayecto, detractores lo trataron de terrorista, delincuente y corrupto, a lo que no respondió. Tampoco su seguridad.
“A fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, hoy acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia”, expresó a través de las redes sociales.
Al salir de la sede de la fiscalía, declaró a la prensa: “Hemos estado donde corresponde estar el día de hoy. En una situación de parte de la fiscalía, donde nos hemos dado todo el tiempo y la disposición para responder todas las preguntas. Desde aquí les digo que estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita que se aclarezcan las cosas y lo vamos a seguir haciendo”, expresó.
Durante la diligencia, estuvo acompañado de sus abogados Benji Espinoza, Eduardo Pachas y Jorge Díaz.
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Interrogatorio
El interrogatorio duró algo más de tres horas. Poco tiempo para la envergadura que se da al caso. El presidente fue parco en sus respuestas, pero sí aclaró algunos temas más allá de las respuestas que le dio por escrito a la fiscal Luz Taquire.
Fueron cerca de 100 preguntas. Por ejemplo, dijo que desconocía que el exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco guardara 20 mil dólares en su oficina, conforme respondió a la fiscal Taquire.
Sin embargo, agregó que de la existencia de ese dinero se enteró por las noticias y entonces sí le preguntó de qué se trataba. Pacheco le respondió que era dinero de sus ahorros para pagar a sus abogados.
Sobre sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo señaló que recién tuvo trato cercano con ellos a partir de la campaña electoral y que las visitas que realizaron a Palacio de Gobierno eran de índole familiar y que nunca hablaron de empresas o contratos con el Estado.
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Reconoció que se reunió dos veces con Karelim López, aunque no recordaba exactamente de qué hablaron, pero que no recibió dinero de ella. Explicó que en la primera oportunidad ella lo saludó por su triunfo electoral y la segunda vez le recomendó hacer obras para beneficio del país.
Sobre las licitaciones y el MTC, declaró que no designó a Juan Silva para un proyecto ilícito o con objetivos económicos. También negó haber tenido alguna interferencia en las licitaciones, pues no era de su competencia.
Respondió que se reunió con los congresistas de Acción Popular, al igual que con representantes de otros partidos, por temás políticos y de relaciones con el Congreso. Añadió que nunca propició o participó en alguna reunión del ministro Silva con los congresistas.
En general, negó formar parte o encabezar una organización criminal , haber recibido dinero directamente o a través de terceros por alguna lícitación pública.
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Puente
Investigación. El presidente Pedro Castillo acudió a la fiscalía para aclarar las denuncias realizadas por Karelim López y Zamir Villaverde sobre una organización ilícita para beneficiarse de las licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
