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Política

Gobernador de Tacna, Juan Tonconi, se libra de ir a prisión

Caso. Jueza decidió que Juan Tonconi y sus funcionarios asuman investigación en libertad. Les prohibió tener contacto entre ellos y con testigos del proceso.

larepublica.pe
Investigado. Gobernador Tonconi afirmó ser inocente. Foto: La República

La jueza de investigación preparatoria, Gina Tapia Liendo declaró infundado el pedido de prisión preventiva para el gobernador Juan Tonconi Quispe. La autoridad es investigado por los pagos irregulares al consorcio Salud Tacna en 2019 y 2020. La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para él y 9 personas más, en el caso denominado “Los fariseos de la salud”, donde se investiga una presunta colusión agravada.

La magistrada ordenó solo comparecencia simple para Tonconi. También desestimó el pedido de cárcel para los funcionarios del consorcio Hospital Tacna, Luis Alfredo Vásquez Medina (exgerente de proyecto), Neil Tejada Vargas (especialista de equipamiento médico), Christian Senno Yrivarren (representante legal). Este consorcio era responsable de la supervisión de la construcción y equipamiento del nuevo hospital regional.

Para los exfuncionarios Eddy Huarachi Chuquimia (exgerente regional), Raúl Clemente Quenta Vincha (exdirector de contabilidad) y Germán Gualberto Berrio Córdova (excoordinador de la obra hospital), la jueza ordenó comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 50 mil soles cada uno. Huarachi y Berrio tienen impedimento de salir del país y deberán acudir cada 20 días al juzgado para pasar por control biométrico.

En caso de los representantes legales del consorcio Salud Tacna, Gustavo Salas Ortiz y Martin Felipe Belayo, tendrán comparecencia con restricciones, están impedidos de salir del país y sus cauciones serán de 200 mil soles. El consorcio Salud Tacna tuvo a su cargo el expediente, la construcción y el equipamiento del nuevo hospital, obra que en la actualidad está paraliza.

La jueza inició la lectura de su resolución a las 17 horas y concluyó pasadas las 22 horas. Durante la lectura de sus argumentos destacó que todos los funcionarios públicos, sin importar el cargo que ocupen, tienen el deber de velar por los bienes y presupuestos del Estado.

Además, resaltó que el perjudicado con lo ocurrido sería toda la población que busca atención médica. Resaltó el informe de la Contraloría que da cuenta que el pago de las valorizaciones 20,25,26,27 por equipamiento incumplió con las cláusulas del contrato.