JNJ destituye a fiscal de Piura por pedir soborno a investigado por drogas
Enrique Dávalos Gil había solicitado un soborno de S/ 1.000. El funcionario incurrió en una falta grave contemplada en la Ley de la Carrera Fiscal.
El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió destituir a Enrique Neptalí Dávalos Gil del cargo de fiscal adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura. Esto se determinó porque el funcionario solicitó un soborno de S/ 1.000 para favorecer a un investigado de una red de microcomercialización de drogas.
La ponencia del procedimiento disciplinario Nº 171-2020-JNJ estuvo a cargo de la consejera María Zavala Valladares. En dicha medida quedó acreditado que el fiscal incumplió con sus deberes funcionales e incluso omitió un delito de falsificación cometido por el procesado mientras se realizaban las investigaciones.
En ese sentido, el pleno de la JNJ determinó que Dávalos Gil incurrió en una falta muy grave contemplada en el artículo 47, inciso 1, de la Ley de la Carrera Fiscal. Por ello, se le impuso la sanción de destitución por medio de un voto unánime.
La ponencia del procedimiento disciplinario, al igual que la votación sobre el mismo, fue transmitida por la página oficial de Facebook de la Junta Nacional de Justicia.
JNJ: etapa final del concurso para jefe de control del Ministerio Público será el 11 de abril
La Junta Nacional de Justicia informó que la última etapa del concurso público para seleccionar al próximo jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público será el 11 de abril y se realizará de manera presencial en su sede. Esta fase constará de una entrevista personal.
Para esta última parte del procesos de selección, solo quedan dos postulantes aptos, los cuales serán entrevistados en una sesión pública, la cual se transmitirá mediante las redes sociales del JNJ, según lo señala el reglamento de la convocatoria Nº 002-2021-SN/JNJ.
Antes de desarrollarse esta prueba, los candidatos tendrán que superar pruebas de confianza, las cuales incluyen una prueba patrimonial y socioeconómica, y un test psicológico y psicométrico. Dichas evaluaciones son obligatorias y quien no pase alguna, será excluido del proceso.