Indecopi admite denuncia de Abel Reyes contra Star Perú por presunta discriminación y maltrato

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor n.° 2 (CC2) admitió a trámite la denuncia del congresista Abel Reyes Cam contra la aerolínea Star Up S.A. (Star Perú) por presuntas infracciones a los deberes de información, idoneidad, seguridad y prohibición de discriminación.

Esta medida sucede luego de que el pasado 15 de noviembre de 2021 el legislador de la bancada oficialista denunciara a Lima Airport Partners (LAP) y a Star Perú por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Reyes Cam argumentó que el personal de LAP, apoyado por efectivos del cuerpo policial, lo habrían maltratado física y verbalmente cuando se disponía a viajar de Lima a Huánuco.

Detalles sobre la denuncia

De acuerdo con el congresista, no solo se le impidió sin justificación alguna abordar su vuelo, sino que también se le negó la asistencia de su personal. La aerolínea, además, ignoró su condición médica: padece de una enfermedad degenerativa hereditaria que le dificulta el habla.

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Frente a este hecho Reyes Cam indicó que la aerolínea no tomó las acciones oportunas tras el presunto acto de discriminación. Así, después de imponer la denuncia, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor n.° 2, mediante Resolución n.° 1875-2021/CC2 del 28 de diciembre de 2021 declaró improcedente el proceso contra LAP.

La entidad consideró que el Indecopi carece de competencia para tramitar y resolver los hechos denunciados contra la empresa concesionaria del Aeropuerto Jorge Chávez, pues los cuestionamientos se tramitan ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

Es importante mencionar que el extremo de la denuncia por la presunta falta de actuación del Ositran, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también fue declarado improcedente debido a que el Indecopi no cuenta con competencia para tramitar ni resolver denuncias contra entidades públicas en ejercicio de sus funciones.

La denuncia fue derivada, entonces, a las mencionadas instituciones, así como a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para que adopten las acciones adecuadas en el marco de sus competencias.