195 conflictos sociales esperan ser atendidos por el Gobierno de Pedro Castillo

Según el último reporte de Defensoría del Pueblo, el país afronta 195 conflictos sociales, la mayoría de ellos de tipo socioambiental e identificados como activos. Los casos más resaltantes tienen como escenario el corredor minero del sur y la Amazonía. Son problemas que el Gobierno de Pedro Castillo no debe tardar en solucionar.

El adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, ha advertido la concentración de problemas en el corredor minero del sur. Precisaba las localidades de Cotabambas, Haquira y Pumamarca (Apurímac), Espinar, Fuerabamba, Chumbivilcas y Livitaca (Cusco).

En esta zona, donde operan las empresas Antapaccay, Hudbay, Las Bambas y Anabi, las comunidades exigen la entrega inmediata del canon, suscripción o modificación de convenios marco, renegociación de la venta de tierras, atención de impactos ambientales en el corredor vial debido al polvo, ruido y daños a sus viviendas. También piden ser parte del área de influencia del proyecto minero, así como demandan consulta previa, cumplimiento de compromisos sobre inversión pública en salud, educación, agua y saneamiento, transportes, agricultura y otros. Ellos esperan que el premier Guido Bellido cumpla con su promesa de atenderlos.

El último conflicto registrado ha sido en Challhuahuacho, Apurímac. La comunidad campesina de Choaquere alega que la minera Las Bambas habría incumplido compromisos de responsabilidad social sobre salud, educación, trabajo y otros.

Lo mismo que en Chumbivilcas, Cusco. Ahí las comunidades de Huininquiri, Muyoc Orcco, Cancahuani, Llacca Llacca, Cruzpampa e Idiopa Ñaupa Japo Urinsaya iniciaron una huelga indefinida que fue amainada por el premier Guido Bellido. Los comuneros desconocen la resolución que convierte una vía comunal en nacional y piden compensación por daños ambientales.

Mientras que en las regiones amazónicas, Loreto tiene el mayor número de conflictos sociales del país.

Las demandas de las comunidades indígenas no solo se dirigen a las empresas petroleras sino principalmente al Estado. Ellas tienen años reclamando servicios públicos, proyectos de infraestructura, remediación de lugares contaminados, compensación por daños, así como beneficios económicos por la actividad hidrocarburífera.

El caso número 31 se produjo en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto. La comunidad Saramurillo reclama el cumplimiento de acuerdos asumidos por Petroperú, la Municipalidad de Urarinas y el Gobierno Regional de Loreto en actas de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Los pobladores han paralizado la descarga y embarque de hidrocarburos, así como los trabajos de las empresas contratistas de la Estación 1, que opera Petroperú.

Los dirigentes alistan sus pliegos de reclamos. El líder loretano José Fachín afirma que exigirán al Gobierno “un nuevo contrato social y ambiental”.

Desde Apurímac, el presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Cotabambas, Alejandro Enríquez, refiere que tienen las peores condiciones de salud, educación y agricultura, y por eso piden un convenio marco con Las Bambas.

“Que la empresa aporte el 8% de su venta anual para atender estos tres puntos. Queremos que el presidente nos respalde y nos haga respetar”, reclama el dirigente apurimeño.

“No hay otra salida que el diálogo de buena fe”

Según Rolando Luque, experto en conflictos sociales, uno de los campos donde las visiones e intereses se contraponen más es el de los conflictos sociales. Resalta, además, los espacios de diálogo donde los actores sociales, el Estado y las empresas buscan puntos de encuentro para resolver sus problemas.

“No hay otra salida para la diversidad de demandas que dialogar de buena fe, con un propósito edificante y pensando en el enorme valor que tiene evitar la violencia en un país a menudo ensangrentado. Y evitar también que la lucha política agregue división y pervierta el diálogo”, estima Luque.

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