Un mensaje de reivindicación con varias dudas por resolverse

Como dicta la democracia, Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú. Todavía sin gabinete –el premier se conocerá oficialmente hoy en Ayacucho y el resto de los ministros asumirán el viernes– se presentó ante el Congreso para dar su mensaje a la nación, uno de fuerte carga simbólica, muy ambicioso en lo presupuestal aunque sin explicar cómo se llevarán a cabo las promesas o se financiarán.

Comenzó saludando a los descendientes de los pueblos originarios del Perú prehispánico, a quechuas, aimaras y amazónicos, a los afroperuanos y a las comunidades descendientes de migrantes. Luego, recordó la época de la colonia. Indicó que con la fundación del virreinato se establecieron “las castas y diferencias” que persisten, que la represión contra Túpac Amaru y Micaela Bastidas “terminó de consolidar el régimen racial impuesto”, que los tres siglos en los que el territorio peruano perteneció a la Corona española “permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa”. Todo eso con el rey de España, Felipe VI, presente en el hemiciclo.

Castillo continuó con su repaso histórico. Habló de la explotación contra los pueblos indígenas, perpetrada después de la independencia. De cómo hasta bien avanzado el siglo XX, los campesinos seguían viviendo en servidumbre.

Y añadió que era la primera vez en la historia de la República que asumía el poder de manera constitucional un maestro de escuela rural. “La historia de ese Perú tanto tiempo silenciado es también mi historia”, dijo.

Potente mensaje, sin duda alguna, desde un lugar de enunciación muy diferente al de mensajes previos.

A este repaso crítico de la historia peruana hay que añadirle un anuncio que también se instala en la narrativa que cuestiona el pasado colonial: el Palacio de Gobierno será cedido al Ministerio de Cultura, que pasará a llamarse Ministerio de las Culturas. “No gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de dominación que se han mantenido vigentes por tantos años”, señaló el presidente.

No dijo desde dónde ejercerá su mandato.

Sobre la constituyente

Castillo abordó en su discurso una serie de temas de coyuntura. Solo como apretado resumen, habló de la necesidad de continuar el combate contra la pandemia, anunció que va a declarar en emergencia la educación y que luchará contra la corrupción. Aparte, trató de ahuyentar fantasmas. Así, insistió en que se respetará la propiedad privada y que habrá “orden y predictibilidad” en el manejo de la economía.

Esperó al final para anunciar lo que fue, durante la campaña, su propuesta bandera: la convocatoria a una asamblea constituyente (AC).

Admitió que es cierto que la Constitución de 1993 no contempla la figura de una AC. Tampoco la atribución del presidente para convocar a un referéndum. Solo menciona la posibilidad de una reforma constitucional parcial o total por parte del Congreso.

“¿Quiere ello decir que el pueblo peruano está condenado a seguir prisionero de esa Constitución?”, preguntó.

El mandatario alegó que el poder constituyente emana del pueblo y no de las autoridades. Y luego fue al grano. “Es por ello que anuncio que presentaremos ante el Congreso, respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206° de la Constitución vigente, un proyecto de ley para reformarla, que, tras ser analizado y debatido por el Parlamento, esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referéndum”, indicó. Su propuesta, precisó, respetará el marco jurídico vigente.

Al respecto, cabe decir que existen dos mecanismos para que el presidente modifique la Constitución: el proyecto de reforma recibe al menos 87 votos a favor en dos plenos de legislaturas distintas o recibe 67 en una y es ratificado mediante un referéndum. Según lo manifestado por el jefe del Estado, se apunta a la segunda alternativa.

Para el constitucionalista y profesor de Derecho en la Universidad San Marcos Pedro Grández, fue importante que el mandatario apueste por el referéndum y –aparte– haga referencia en su intervención a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2002 (Nº 014-2002-AI).

“Lo mejor es seguir el camino que con claridad ha establecido el artículo 206. El TC dijo que el cambio de la Constitución no puede hacerse por un poder constituido, tiene que hacerse por el poder originario. El presidente fue bien asesorado en este punto”, refirió.

Para el constitucionalista Omar Cairo, la propuesta de Castillo apunta precisamente a modificar el artículo 206 (ver enfoque). “Es para que se incluya un mecanismo hoy no previsto: la convocatoria a un referéndum para una AC”, precisó.

Ahora queda, opinó Cairo, que haya un discurso coordinado entre lo planteado por el Ejecutivo y a lo que aspire la bancada de Perú Libre. “En el partido hay parlamentarios que no están de acuerdo con ese mecanismo”, dijo en referencia a algunos legisladores (como Guillermo Bermejo) que apuestan primero por la recolección de firmas para impulsar un referéndum. Algo que, desde el punto de vista del jurista, no es válido. “El presidente ha descartado eso”, puntualizó.

En efecto. Castillo ayer fue claro en que en el asunto de la AC será necesario un entendimiento con el Pleno. De llegarse a un acuerdo y en el supuesto de que la población respalde la iniciativa en referéndum, el siguiente paso será la elección de los asambleístas.

“Si lo que queremos es una constituyente para superar la falta de representatividad, tiene que abrirse hacia la sociedad civil y otras agrupaciones”, sostuvo Grández. Y eso no significa que la AC electa vaya a ir necesariamente con la línea de Castillo, advirtió Cairo.

La experiencia del anterior quinquenio deja recuerdos sobre cómo las comisiones parlamentarias dilataban el debate o encarpetaban propuestas de reforma. En un escenario de ese tipo, ¿el Gobierno podría interponer una cuestión de confianza? Ambos expertos consultados coincidieron en que no porque es una herramienta de presión a la que apela el Ejecutivo para defender alguna norma que guarde relación con sus políticas públicas. Una reforma constitucional no califica.

Todo estará en manos de la capacidad de Castillo y su equipo para negociar con las demás agrupaciones políticas.

En la reciente elección de la Mesa Directiva del Parlamento se atisbó una posible coalición oficialista integrada por Somos Perú-Partido Morado, Perú Libre y Juntos por el Perú, que llega a unos 50 votos. Para que la propuesta de reforma del artículo 206 llegue a consulta popular se necesita que reciba luz verde en la Comisión de Constitución y luego los 67 votos del Pleno, como mínimo.

Ante ello, el nuevo Gobierno tiene un solo camino posible por delante: persuadir.

Plantean asamblea respetando mecanismos

Enfoque por: Omar Cairo, constitucionalista

El presidente ha planteado una asamblea constituyente. La propuesta se mantiene como parte de su programa, pero la va a implementar dentro de la legalidad de que el Congreso apruebe las normas pertinentes.

El artículo 206 de la Constitución tendría que ser modificado para introducir en su contenido la posibilidad de convocar a un referéndum para preguntar al pueblo si considera o no que se debe convocar a una asamblea constituyente. Va a depender de cuál sea el proyecto de ley. Puede incluir en el artículo 206 de la Constitución que se le consulte al pueblo acerca de la convocatoria de una asamblea constituyente plurinacional. Eso sí ocurre en Chile.

Las dos Asambleas Constituyentes anteriores consideraron a la población como un conjunto de ciudadanos, con prescindencia de su origen y su cultura. Eso no es lo que ocurre en una asamblea en la que se establezca que determinadas expresiones culturales estén representadas.

Si convoca a elecciones para una asamblea constituyente, también puede ganar un partido contrario al presidente y hacer una Constitución de derecha. Es incierto. El sustento de esa asamblea es la Constitución vigente y esta va a ser reemplazada cuando la constituyente termine su trabajo, mientras tanto funcionan todos los órganos constituyentes de la Constitución vigente.

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