Declaran fundado pedido para que José Cavassa siga con arresto domiciliario hasta 2022

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, declaró fundado el pedido fiscal para que el exfuncionario de la ONPE José Cavassa Roncalla y otros investigados por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto sigan con arresto domiciliario hasta 2022.

En la resolución expedida por la Corte Superior Nacional se ordena que se prolongue “la sustituida medida menos gravosa de coerción personal de detención domiciliaria por un plazo de 12 meses a los investigados José Luis Cavassa Roncalla, Jacinto César Salinas Bedón, John Robert Misha Mansilla, Carlos Antonio Parra Pineda, Nelson Reynaldo Aparicio Beizaga y Víctor Maximiliano León Montenegro” por el proceso penal por la comisión de los delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado.

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Esto, luego de que el último 20 de julio la Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra el Crimen Organizado solicitara ampliar la detención por 12 meses contra Cavassa Roncalla en el contexto de las indagaciones por los delitos de crimen organizado, tráfico de influencias y, alternativamente, cohecho pasivo específico.

Desde el Ministerio Público señalaron que existen actividades pendientes para que se avance con las pesquisas, como datos requeridos a la Corte Superior de Justicia del Callao, a la Junta Nacional de Justicia, y pericias fonéticas de los audios que involucran al exfuncionario de ONPE y a otros coinvestigados.

“El señor José Cavassa tiene vínculos con las esferas más altas de la organización criminal que pueden impedir el avance del caso”, manifestó la fiscal Magaly Quiroz Caballero.

Mientras tanto, la abogada de Cavassa, Diana Asmat, sostuvo en cambio que si bien en junio de 2020 se cambió prisión preventiva de su defendido por arresto domiciliario, él no goza de libertad desde agosto de 2018.

¿Por qué se investiga a Cavassa?

A José Cavassa se le investiga por presuntamente haber influido, por pedido del exjuez Walter Ríos Montalvo, en el voto en mayoría para nombrar a Orlando Velásquez Benites como presidente del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura en 2018.

La Fiscalía también explica que Cavassa ofreció a los exconsejeros Guido Aguila e Iván Noguera “ser favorecidos con el pago de sumas de dinero mensuales procedentes de la Universidad TELESUP de propiedad de José Luna Gálvez, bajo la fachada de contratos de cesión de derechos de obras jurídicas”, y así facilitar el nombramiento clave de un magistrado en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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