Comisión Permanente no abordó los temas agendados ante inasistencias de Barrios y Sánchez
Citación se dio tras los enfrentamientos con el Poder Judicial. La presidenta del PJ y el Fiscal de la Nación decidieron no asistir a la convocatoria del Congreso.
La Comisión Permanente del Congreso de la República citó para este martes 13 de julio a las 5.00 p. m. a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y al fiscal supremo Pablo Sánchez, quien se encuentra a cargo del Ministerio Público debido a una licencia de la titular, Zoraida Ávalos. Sin embargo, ambos anunciaron a través de cartas que no asistirán.
Sesión de la Comisión Permanente del Congreso
Esta citación se dio con la finalidad de que ambos expliquen los motivos por los cuáles se decidió investigar a los parlamentarios por los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad luego de seguir con el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
No obstante, antes de las 5 de la tarde, tanto Barrios como Sánchez publicaron cartas en las que argumentaron por qué no asistirían. Según ambos funcionarios, la decisión de no acudir se dio por su respeto a la independencia de los jueces que solicitaron la investigación a los congresistas.
“Ratifico ante la ciudadanía y representación nacional que soy respetuosa de la separación de poderes y conforme al mandato constitucional conferido en el artículo 138 de la Constitución Política, la administración de justicia se ejerce por el Poder Judicial. Es en este marco normativo que cada juez/a lleva a cabo el ejercicio de su función jurisdiccional de manera independiente y exclusiva, respondiendo por las decisiones judiciales que emita. Toda intervención o injerencia al ejercicio de esta función se encuentra prohibida”, escribió Elvia Barrios.
Por su parte, aunque Pablo Sánchez indicó que no podría asistir por estar ocupado con “muchos asuntos que requieren de su atención” en el Ministerio Público, también se refirió a su respeto por la independencia de las indagaciones a los legisladores.
“Sobre la indagación fiscal, le manifiesto lo siguiente: en primer lugar, el Ministerio Público respeta y no cuestiona las facultades y derechos de los señores congresistas de la República, conforme al artículo 83 y 201 de la Constitución Política del Perú, ni existe ninguna intención de afectar sus funciones; y en segundo llugar, se trata de una investigación preliminar ante un hecho público de desobediencia al mandato de la autoridad judicial. Esta investigación se hace con la finalidad de establecer si existen elementos de configuración de delito”, argumentó Sánchez en su respectiva carta.
Sesión en vivo:
Congresistas rechazaron la inasistencia
Tras la lectura completa de ambas cartas, algunos de los congresistas que conforman la Comisión Permanente mostraron su rechazo ante la inasistencia de los funcionarios citados.
En esa línea, la fujimorista Martha Chávez calificó como una falta de respeto el alegato de Elvia Barrios: “Me sorprende que la hermana de la ministra del señor Vizcarra incurra en esta falta del respeto a la Comisión Permanente y al Congreso de la República, porque la señora repite nuevamente aquello de la independencia (...) No hay independencia para burlarse de las normas constitucionales”, expresó.
Por su parte, el acciopopulista Ricardo Burga acusó que el Poder Judicial estaba mostrando un “doble discurso”: “Es lamentable que el Poder Judicial tenga doble discurso, porque si revisamos las resoluciones de amparo, el JNE tiene varios que no ha cumplido y el PJ no ha hecho nada ni les abrió proceso de investigación”, aseveró.
Investigaciones son por desacato
Fue la jueza Soledad Blácido Báez quien concedió una medida cautelar y ordenó al Parlamento la suspensión temporal del proceso de selección de nuevos magistrados; no obstante, varios congresistas decidieron hacer caso omiso a la indicación judicial y continuaron con la elección.
En efecto, la medida cautelar buscaba suspender el nombramiento de los miembros del TC al considerar que el proceso se realizaba sin la transparencia, prevista en su propio reglamento.
La Fiscalía, por su parte, anunció que quedó habilitada para investigar a los legisladores que resulten responsables de algún delito por no acatar la resolución judicial.
De acuerdo a la tesis fiscal, esta investigación es de “naturaleza compleja” debido al número de involucrados, por lo que se ha dispuesto “un plazo de cuatro meses” para la indagación.
Finalmente, se solicitó al Parlamento el acta de la sesión del último 8 de julio, segundo día en el que los portavoces llevaron a cabo una reunión en donde se ratificó la decisión de continuar con el proceso.
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