Congresista presenta denuncia constitucional contra presidenta del Poder Judicial

El parlamentario Gonzales Tuanama de la bancada de Descentralización Democrática ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios.

Aduce que Barrios Alvarado avaló públicamente la resolución de la jueza constitucional Soledad Blácido Báez, quien ordenó suspender de manera provisional la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.

“Esto (la denuncia) por los hechos que conoce la comunidad. Una jueza admitió una medida de amparo inconstitucional a toda luz. El demandante es una persona sin legitimidad para obrar. (Y) la presidenta del Poder Judicial, en un ánimo de respaldar estas acciones ilegales, inconstitucionales, avaló públicamente esto”, expresó Tuanama en diálogo con RPP.

“Al no tomar acciones correctivas como corresponde, quiere decir que hay acuerdo entre ambas. Esto configuraría una serie de delitos que conllevarían a la inhabilitación de diez años de la actual presidenta del Poder Judicial, ya que existiría algunos intereses en tomar, a través del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional”, agregó.

También dijo que tiene previsto presentar una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el inicio de las indagaciones preliminares contra los legisladores que no acataron la orden judicial de detener la elección del TC.

“Toda autoridad está obligada a acatar las decisiones judiciales”

El pasado 6 de julio, la jueza constitucional Soledad Blácido Báez ordenó suspender provisionalmente el proceso de elección del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la resolución no fue acatada, por mayoría, por el pleno del Congreso y los legisladores siguieron con el proceso, a pesar de que no consiguieron votos para escoger a los nuevos magistrados.

Ante esto, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, usó sus redes sociales y escribió el 7 de julio que “toda persona o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales sin perjuicio de impugnarlas ante la instancia correspondiente si así lo considera”.

“Cuestionar una resolución judicial exige a los involucrados usar los cauces constitucionales y democráticos para revertirla. No hay justificación alguna para usar el insulto o la adjetivación hacia la autoridad judicial. Cuando hay argumentos, el resto sobra”, agregó. También se manifestó en la misma línea en videos publicados en redes y en entrevista con un medio de comunicación.

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