El Congreso de la República tuvo este miércoles su primera sesión plenaria correspondiente a la cuarta legislatura, la que ha sido calificada por expertos en la materia como inconstitucional.
En la diligencia parlamentaria, que inició desde la 1 de la tarde, se debatió y aprobó la norma que establece medidas para expandir el control concurrente y dota de un mayor presupuesto a la Contraloría General de la República para cumplir esta función.
Se estableció que se le otorgará de hasta el 2% del valor total de una obra que excede los diez millones de soles, desde su formulación y evaluación. La iniciativa alcanzó 105 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Además, fue exonerada de segunda votación.
Aparte de esta norma, los legisladores evaluaron y respaldaron diferentes leyes declarativas como la que propone de necesidad pública la creación del nuevo Hospital Daniel Alcides Carrión en la provincia constitucional del Callao.
Además, se declaró de interés nacional la creación de los distritos de Morro Solar, en Cajamarca; de Uyurpampa, en Lambayeque; Huaripampa, en Áncash; y San Antonio, en Cajamarca. La sesión se suspendió hasta el jueves 17 de junio a las 9 a. m.
El Pleno del Congreso sesiona este miércoles desde la 1.00 p. m. de forma virtual con la finalidad de debatir diversas iniciativas legislativas, entre ellas se encuentra el retorno a la bicameralidad.
Según la agenda del Pleno, como parte de la cuarta legislatura que empezó a regir desde el 13 de junio, se tiene que ver el mencionado dictamen, luego que se iniciara el debate el último 22 de abril y este pasara a un cuarto intermedio.
Asimismo, los congresistas también revisarán iniciativas como la que propone facilitar el acceso a créditos del Fondo de Desarrollo para la Microempresa (Fondemi) para capital de trabajos o emprendimientos que decidan formalizarse.
Por otro lado, también verán los proyectos que proponen modificar cuatro artículos del Código Procesal a fin de adecuarlos a la Ley 31118, Ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, y para establecer la competencia del órgano que resuelve la apelación en el proceso especial por razón de la función pública.
Además, el proyecto que plantea modificar el Código Penal, estableciendo la pena de cadena perpetua para los funcionarios públicos señalados en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, por la comisión de delitos cometidos por funcionarios públicos.
De igual modo, la propuesta de ley que reconoce derechos de la madre naturaleza, ecosistemas y especies. Así como también la iniciativa que faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales para utilizar hasta el 25% del canon, sobrecanon, regalías mineras, rentas de aduanas y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (Focam) para implementar y repotenciar los sectores de salud, educación y agricultura.
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