El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado esta mañana al juez Víctor Zúñiga que se reemplacen las limitaciones que tiene Keiko Fujimori desde abril de 2020 por la orden de prisión preventiva tras haber constatado que la acusada por lavado de activos y otros delitos incumplió normas de conducta fijadas por el Poder Judicial en el contexto del caso Cócteles (Odebrecht).
Según el pedido, al que tuvo acceso La República, la candidata presidencial de Fuerza Popular infringió normas que la Segunda Sala de Apelaciones le impuso cuando fue liberada el año pasado. Así, Fujimori incumplió la prohibición de comunicarse con testigos o coinvestigados del caso, siendo uno de ellos el excongresista Miguel Torres, quien acompaño a la candidata ayer por la noche en una conferencia de prensa.
En su pedido, el fiscal Pérez recuerda que no es la primera vez que Keiko Fujimori incumple las reglas: “la acusada Keiko Fujimori Higuchi sistemáticamente viene incumpliendo la regla de conducta de no comunicarse con los testigos”, cita el documento enfatizando en que se le exhortó a la hija del exdictador Alberto Fujimori seguir las normas en mayo y junio del 2020.
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El hecho principal de la revocatoria que se solicita contra Keiko Fujimori por prisión preventiva radica en que “se ha advertido como hecho público y notorio [la conferencia de prensa del miércoles último] que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales en la que la acusada presentaba al testigo como abogado y vocero politico de la persona jurídica incorporada al proceso Fuerza Popular”.
Por otra parte, se señala en el pedido al juez Zúñiga que Miguel Torres, exparlamentario fujimorista, fue citado como testigo en la investigación en septiembre de 2020. Prueba de ello, indica el pedido, fue la presencia de la abogada de Keiko, Giulliana Loza, en la diligencia.
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Resulta necesario precisar que el pedido fiscal se ampara en que, cuando se le dictaron restricciones a Keiko Fujimori en abril de 2020, la Segunda Sala de Apelaciones de Crimen Organizado señaló que debían cumplirse dichas normas “bajo apercibimiento de revocarse la presente medida y dictarse nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público”.
Tras este pedido, el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, debe convocar a una audiencia en las próximas horas para definir si Keiko Fujimori, acusada por los aportes ilícitos a sus campañas en 2011 y 2016, continúa con sus restricciones o debe volver a prisión preventiva.
El pasado viernes 4 de junio, el juez Zúñiga inició, formalmente, la etapa de control de acusación contra 42 involucrados, incluyendo a Keiko Fujimori por el caso Cócteles.
Se trata de una fase inmediatamente anterior al inicio de un juicio oral, pero que puede tardar más de un año o dos por la complejidad del caso y en el que se debatirán qué pruebas, testimonios o documentos se pueden debatir.
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Es el paso inicial para que se discuta la acusación del fiscal José Domingo Pérez en la que se pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, y el “núcleo duro” de la organización criminal que habría liderado la candidata presidencial junto a Pier Figari y Ana Herz.
Pasados diez días hábiles desde que las defensas sean notificados del comienzo de esta revisión de la acusación, se convocará una fecha de audiencia.
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