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Política

Cuellos Blancos: Antonio Camayo, la discordia en el equipo especial

Los contratos. Al enterarse de su salida, Rocío Sánchez intentó firmar acuerdo de colaboración con empresario. La fiscal Roxana Jáuregui la acusa de favorecimiento indebido.

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Sospechoso. Fiscal Roxana Jáuregui señala que contratos de Camayo no se han investigado. Foto: Jhonel Rodríguez/ La República

El proceso de colaboración eficaz del empresario Antonio Camayo Valverde fue el detonante del último enfrentamiento entre las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, lo que terminó con su salida del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto.

Hace semanas, la fiscal provincial Roxana Jáuregui presentó un informe al fiscal supremo Pablo Sánchez y una denuncia penal contra Rocío Sánchez por un supuesto favorecimiento al aspirante a colaborador eficaz Antonio Camayo.

Jáuregui no decía nada que no se conociera desde hace meses dentro y fuera del Ministerio Público. Camayo ha recibido muchos beneficios desde que fue “detenido” en julio del 2018 y permaneció en una casa de seguridad de la Policía Nacional por varios meses.

Testigo. Antonio Camayo ratificó el testimonio que dio en 2018 como colaborador eficaz. (Mininter)

El escándalo

Lo nuevo es que Jáuregui lo puso por escrito y planteo una denuncia penal. Luego su informe fue filtrado al dominical ‘Panorama’. Es usual que un fiscal, al recibir un caso que inició otro colega, realice ese tipo de informe, pero todo se corrige internamente.

Nada de prensa y menos una denuncia penal. Al redactar el informe y denunciar, Jáuregui rompió ese protocolo no escrito.

Según el informe, en agosto del 2018, la fiscal de lavado de activos Rosana Villar Ramírez inició una investigación a Antonio Camayo, María Izaguirre Feria y al Grupo IZA e IZA Motors.

Siete meses después, Villar solicitó y logró que la UIF congelara las cuentas de Camayo y sus empresas, por más de un millón de soles, lo que fue convalidado en mayo del 2019 por el juez penal nacional Santos Benites.

La resolución judicial, fechada el 17 de mayo del 2019, señala que esos fondos podrían provenir de actos de corrupción en contratos fraccionados o por adjudicación directa de Iza Motors con instituciones estatales, como la VII Región Policial, la Municipalidad del Callao, Sunat, entre otras.

Dentro del plazo legal, la defensa de Camayo apeló y el juez convocó audiencia para el 11 de julio del 2019.

Cuellos Blancos: Antonio Camayo, la discordia en el equipo especial

El favorito de Cavassa

En paralelo, la fiscal Sánchez le solicitó a la fiscal Villar que le entregue ese expediente, dado que Camayo era un importante colaborador eficaz. Villar se negó, pero el fiscal superior Marcos Villalta revocó esa decisión y ordenó entregar el expediente.

Desde setiembre del 2020, Villalta es investigado, pues aparece mencionado en un audio de Karem Roca como un fiscal con el que se puede arreglar casos en la fiscalía. En el mismo caso Cuellos Blancos del Puerto, un colaborador ha señalado a Villalta como uno de los que recibió apoyo del desactivado CNM y del detenido José Cavassa para ser nombrado fiscal superior de lavado de activos.

José Cavassa. Foto: La República

El 5 de julio, a una semana para la audiencia, la defensa de Camayo presentó al juez Benites la resolución del fiscal Villalta y se desistió de la apelación. A la vez le piden a la fiscal Rocío Sánchez la devolución de los libros contables incautados por Villar.

Ese mismo día, el fiscal adjunto Jhuler Espinoza con la mano derecha recibe los libros contables del despacho de la fiscal Villar, y con la mano izquierda se los entrega a la esposa de Camayo, María Izaguirre. Espinoza levanta un acta en el que dejó constancia de que realiza ese acto por orden superior.

Esta atípica diligencia se repite el 8 y 10 de junio. Con una mano reciben, con la otra entregan. El 12 de julio, la defensa de Camayo presenta informes financieros a la fiscal Rocío Sánchez y solicita descongelar los fondos. El 24 de julio del 2019, Sánchez consigue que otro juez descongele y devuelva los fondos.

Aniquilación

Según las fuentes, al enterarse de semejante “traición”, Rocío Sánchez culpa a Sandra Castro del informe y ella misma o la Policía, que también ha favorecido a Camayo, filtran la primera versión de la reunión con Vizcarra.

Castro sorprendió a Sánchez y la citó a su departamento, donde encuentra a Martín Vizcarra y, después, le habría entregado información confidencial al presidente.

Vizcarra ha reiterado que solo se reunió una vez con las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro. Foto: composición/La República

A su vez, Castro al enterarse de la publicación de esa versión en La República, ofrece a RPP su propio relato del encuentro: al difundirse los primeros audios, Rocío Sánchez se asusta y le solicita que busque un encuentro con Vizcarra para pedirle seguridad y respaldo.

Más allá de la guerra entre las dos fiscales, los eventos en torno a Camayo se sabían en la fiscalía desde hace meses y todos evitaban la confrontación con Rocío Sánchez. Faltó autoridad para evitar este conflicto. Al enterarse de su cese, Rocío Sánchez intentó firmar el acuerdo de colaboración eficaz con Camayo. Ya fue tarde, y difícil de que hoy un juez lo apruebe.

En ese equipo hay muchas cabezas y estrategias

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha encontrado resistencias dentro del Equipo Especial Cuellos Blancos y los fiscales para encontrar reemplazos para Rocío Sánchez y Sandra Castro.

En principio debe buscar y escoger fiscales con experiencia en crimen organizado, intachables y sin el más mínimo contacto con los investigados.

Hay varios buenos candidatos, pero los mejores no quieren aceptar. Algunos convocados han puesto como excusa problemas de salud u otros casos, lo cierto es que creen que ese cargo es incierto porque tiene demasiados jefes.

Ávalos los puede nombrar, pero deben ser aprobados y responder a Pablo Sánchez, y estar de buenas con Jesús Fernández. Eso, creen los fiscales provinciales. Las criticas de Pablo Sánchez a Roxana Jáuregui al pedirle resultado, cuando apenas tiene cinco meses en el Equipo, tampoco ayuda a dar confianza. En más de dos años de iniciado el caso, no ha hecho esa exigencia pública, a ningún otro fiscal provincial.

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