Fiscalización recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años

El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso recomendó inhabilitar al expresidente Martín Vizcarra por 10 años de la función pública al considerarlo como uno de los responsables en la contratación de Richard Swing en el Ministerio de Cultura.

El grupo de trabajo parlamentario, liderado por Edgar Alarcón, concluyó que el también candidato al Congreso habría cometido los supuestos delitos de encubrimiento real, obstrucción a la justicia, peculado, colusión, cohecho propio pasivo, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

A estos se sumó la presunta comisión de tráfico de influencias y falsedad genérica, así como el liderazgo de una organización criminal. El documento, al que tuvo acceso La República, aseguró, además, que Vizcarra Cornejo intervino en la contratación de personas de su entorno.

“Se ha comprobado que estamos ante una organización criminal que habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias para utilizar el poder político con el que contaba su líder y jefe, el exmandatario Martin Vizcarra, y sus miembros —servidores, asesores y autoridades en diversas entidades del Estado— para contratar a las personas de su entorno, beneficiándolas a través del uso de recursos del Estado conforme a la norma penal señala”, fue parte del informe.

En ese sentido, otra de las recomendaciones fue que Martín Vizcarra sea acusado constitucionalmente por las causales de “infracción constitucional y la comisión de varios delitos en función, así como por liderar una organización criminal”.

También se sugirió ejecutar esta medida con los exministros de Cultura, Transportes, Vivienda, Educación y Defensa, que cumplieron funciones entre 2018 y 2020, por supuestamente haber contratado personas cercanas al exmandatario.

Este informe y sus recomendaciones será puesto a debate en la sesión de la Comisión de Fiscalización de este lunes 14 de diciembre. Alarcón anunció que entre el 18 y 20 de este mes sustentará ante el Pleno el texto para que sea aprobado.

Cabe señalar que el congresista representante de Unión por el Perú, partido que está liderado por el sentenciado Antauro Humala, fue quien presentó los audios de Vizcarra y sus trabajadoras, y defendió el pedido de vacancia del entonces presidente por esta causa.

Posteriormente respaldó la destitución del 9 de noviembre y estuvo a favor de que Manuel Merino asuma el máximo cargo del país, lo que fue rechazado por la ciudadanía. Por su parte, Edgar Alarcón es investigado por diferentes hechos de corrupción, pero el Congreso aún no levanta su fuero legislativo para que la Fiscalía de la Nación continúe con las indagaciones en su contra.

El Congreso puede seguir dos vías ante este caso

El constitucionalista Omar Cairo explicó en diálogo con La República que, en este caso, el Congreso puede tomar dos caminos: aplicar el juicio político o el antejuicio.

El juicio político se emplea siempre y cuando se establezca que hubo una vulneración a los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, el Parlamento debería iniciar el proceso en la Comisión Permanente. Esto podría en riesgo la postulación al Parlamento de Vizcarra en los comicios de 2021.

“Este Congreso, a partir de lo indicado en el informe, puede dar inicio a un procedimiento de juicio político. Ese procedimiento tendría que comenzar en la Comisión Permanente vía una denuncia constitucional que la puede presentar cualquier persona, fiscal de la Nación o congresista. La Comisión Permanente acusaría ante el Pleno al expresidente y este sería absuelto o condenado. Si es condenado, podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta por 10 años. Si esto ocurre, [Martín Vizcarra] no podría juramentar al cargo en caso de ser elegido en abril”, expresó.

Respecto al antejuicio, Cairo manifestó que el exjefe de Estado podría llegar a ser procesado penalmente. Sin embargo, en este escenario no habría problema si llega a ser legislador.

“Pero se puede considerar que es un delito y, en ese caso tiene que haber un antejuicio, que es para declarar que hay lugar a procesarlo penalmente y se remite todo a la Fiscalía y esta lo acusa ante la Suprema. Eso no le impide postular, ser elegido ni juramentar [como congresista]”, apuntó el constitucionalista.

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