Ávalos declaró complejo el caso contra Merino por represiones policiales

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha dispuesto las primeras acciones en la investigación preliminar que dirige por ocho meses contra Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez.

Debido a que los tres formaron parte del Gobierno de facto, instaurado tras la destitución de Martín Vizcarra, Ávalos declaró complejo el caso que abrió de forma preliminar por las violentas represiones policiales hechas contra las movilizaciones ciudadanas desde el 9 de noviembre.

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Estas desembocaron, cuatro días después, en las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Por estos sucesos, se les imputan a los involucrados, ex altos funcionarios, los cargos por abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones graves, leves y desaparición forzada.

Todo ello en el contexto de violaciones a los derechos humanos, cuyos delitos en caso de probarse, serán imprescriptibles.

Declaraciones

La República pudo acceder, además, a la serie de diligencias que ha programado la fiscalía de la Nación por este caso. Entre ellas figuran recibir las declaraciones de Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez, así como las de los efectivos policiales responsables como Luis Cayas Medina y Jorge Lam Almonte, recientemente pasado al retiro y exsubcomandante general de la Policía Nacional del Perú.

César Gentille Vargas, exministro del Interior también deberá comparecer ante Zoraida Ávalos cuando se disponga una fecha para su testimonio.

Por su parte, la Tercera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de Terrorismo y Derechos Humanos debe enviar todos los documentos recabados sobre los asesinatos contra Bryan Pintado e Inti Sotelo, así como la identificación de otras personas lesionadas en las marchas convocadas.

Antecedentes

Ávalos, como titular de la investigación, ha valorado distintos informes periodísticos para abrir el caso contra la alta esfera del gobierno de facto, ahora sustituido por un régimen de transición.

La disposición que abre el caso considera la participación de “agentes estatales de distinto nivel jerárquico, y a través de una serie de acciones de control y represión de las manifestaciones sociales que duraron varios días”.

El Ministerio Público también valora para su investigación las declaraciones hechas en medios de comunicación por el exjefe del Consejo de Ministros de facto, así como los pronunciamientos internacionales. Entre ellos, los de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Secretaría General de la OEA sobre la crisis política en Perú.

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