El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) declaró infundada una queja que presentó el legislador Edgar Alarcón contra el diario La República por presuntamente lesionar su honor y reputación al publicar noticias vinculadas a su persona entre el 15 y 21 de setiembre del 2020.
“Si bien el señor Alarcón señala que La República realizó una serie de afirmaciones tendenciosas, calumniosas y sin sustento, las notas mencionadas en su queja evidencian que los temas tratados son de interés público y se encuentran sustentadas en numerosos testimonios, documentos y en el seguimiento periodístico de la información. Se ha comprobado, además, que el diario ha cumplido con solicitar en varias oportunidades la versión de los hechos", señaló el tribunal en su resolución.
Alarcón cuestionó que ciertas notas publicadas en la edición impresa del diario La República atentaron contra la ética periodística.
Este diario reveló que el excontralor contrató en diversos años a exagentes del servicio de inteligencia de la Marina de Guerra para que realicen labores de “reglaje” y “chuponeo” con el objetivo de espiar a dos fiscales que investigaban denuncias en su contra en el Ministerio Público.
Asimismo, criticó la afirmación de que él sería parte de un triángulo de intereses entre el abogado Fabio Noriega y Karem Roca, personas involucradas en el caso Richard Cisneros.
En sus descargos, La República indicó que la cobertura sobre la actuación pública de Edgar Alarcón es un reflejo de sus actos como presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Además, señaló que obtuvieron la información a través de un exagente naval, quien habría sido reclutado por el capitán EP (r) Alejandro Alarco Cárcamo a fin de que realizara labores de espionaje en beneficio del señor Alarcón. Por otra parte, consultaron al quejoso si conocía al señor Alarco y si lo había contratado, a lo que él respondió negativamente. Ello se consignó posteriormente.
Asimismo, el diario manifestó que continuó con la investigación y detectó en el sistema de visitas de la Contraloría General de la República que el señor Alejandro Alarco se había reunido con el señor Alarcón en su despacho de la Contraloría, confirmándose la versión que les ofreció el exagente naval contratado por Alarco. Sobre este tema, el señor Alarcón no respondió a las comunicaciones de La República para que ofreciera su respuesta.
La República sostuvo que obtuvo información de fuentes propias sobre la presunta manipulación de los audios grabados por Karem Roca Luque y su abogado, Fabio Noriega Montes, y la coordinación de la difusión de los mismos con el congresista Edgar Alarcón.
Precisó que las fuentes acreditadas por el diario fueron testigos presenciales de los hechos y se cumplió con consultarle al congresista sobre las versiones recogidas, quien negó las imputaciones.
Analizados los argumentos y alegatos de las partes y los hechos, el Tribunal de Ética consideró que el pleno ejercicio de la libertad de expresión tiene que ser un principio que guíe en todos los casos bajo su conocimiento, sus análisis y pronunciamientos.
“El margen de tolerancia sobre afirmaciones realizadas respecto a la actuación de funcionarios públicos es amplio, ello en la medida que sus actuaciones están vinculadas al interés público, lo que deviene en información relevante para la ciudadanía en general”, indicó.
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