
Es necesario que las nuevas autoridades se encarguen de garantizar el restablecimiento del equilibrio de poderes que se ha vulnerado con la vacancia del saliente presidente Martín Vizcarra, en un proceso en el que no se ha sustentado ninguna de las causales que establece la Constitución. Así lo manifestaron la politóloga Adriana Urrutia y los constitucionalistas César Landa y Samuel Abad.
Lo que sucedió, explicó Urrutia, es la ruptura del equilibrio de poderes, porque el Legislativo está ocupando el Ejecutivo y el nuevo Gobierno debe buscar garantizar que se restablezca la correlación de fuerzas.
Pese a que Merino ha dicho que se respetará el proceso electoral, para la politóloga hay varios riesgos y las nuevas autoridades tienen que apuntar a un proceso electoral libre y transparente.
Consideró que otro de los peligros es la injerencia en procesos, como la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), y las reformas políticas y educativas.
“Merino está asumiendo el poder en el marco de una legalidad endeble, pero con una ilegitimidad social que puede desatar en una crisis”, señaló.
El constitucionalista y expresidente del TC César Landa sostuvo que la pandemia fue un golpe a la vida y ahora estamos ante un golpe a la institucionalidad, y lo que queda es restablecer el orden y el equilibrio de poderes.
Explicó que el presidente solo puede ser destituido por cuatro causales y han usado una vía rápida que no está en la Constitución, lo que implica un daño a la voluntad popular que eligió a una plancha presidencial, en la que estaba Martín Vizcarra.
Para Landa, el detonante fue la no reelección de los congresistas. Haciendo un recuento de lo sucedido, manifestó que el primer intento de vacancia fue con el caso Swing, y el segundo con las informaciones de presuntos sobornos, según aspirantes a colaboradores.
Argumentó que no se habían revelado hechos concretos graves y había consenso en que se debía investigar al presidente una vez que acabe su mandato, “pero el Congreso se quiso adelantar llenándose la boca de la lucha contra la corrupción cuando hay casi 70 legisladores que están investigados por el Ministerio Público”.
El también constitucionalista Samuel Abad consideró que la interpretación que ha hecho el Congreso de la vacancia no responde al modelo presidencial que tenemos y “lo que busca es quedarse en el poder con la fuerza de sus votos”.
Dijo que una vez consumados los hechos, Merino tiene que garantizar que no se modificará la fecha de las elecciones. “Ahora tiene mucho poder y debe preocuparse en garantizar elecciones libres y superar la crisis”, apuntó.
Respecto a la elección del TC, precisó que se tiene que tener en cuenta que el escenario posvacancia es distinto. “Ahora el caso es más preocupante y no hay garantía de que el Congreso vaya a elegir a los más idóneos”.
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