Los intereses que se ocultan detrás de la vacancia

La idea de vacar al presidente Martín Vizcarra se presenta como parte de la lucha contra la corrupción. En realidad, de acuerdo con diversas fuentes consultadas por La República, de lo que se trata es de generar una oportunidad, que no se logrará por los votos, para tomar el poder y generar cambios inmediatos, específicos y muy, muy particulares.

Un grupo difuso de personas, entre políticos, abogados y empresarios, creen que por intermedio de la vacancia presidencial instaurarían un nuevo gobierno para lograr sus objetivos particulares. Las personas que tienen activa participación en el complot permanecen en las sombras. Sí podemos señalar, y de eso trata esta nota, los intereses que los mueven y los actos que vienen desarrollando.

La idea es vacar al presidente Vizcarra, tomar el gobierno con el actual presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, de Acción Popular, para inmediatamente postergar las elecciones hasta abril del 2022 y ampliar la vigencia de la actual representación al Congreso por dos años más.

En paralelo, buscarán una nueva composición del Tribunal Constitucional a fin de evitar que se neutralice cualquier medida legislativa y del nuevo Ejecutivo. Además, promoverán la reestructuración del Ministerio Público para poner un nuevo fiscal de la Nación que revise las denuncias a los “luchadores contra la corrupción y la democracia”.

Antauro Humala

El “conspirador” visible es el reo el mayor EP (r) Antauro Humala Tasso, líder del etnocacerismo con presencia en el Congreso, a través de la bancada Unión por el Perú (UPP). Antauro Humala cumple una condena de 19 años de prisión, que se extingue el 2 de enero del 2024.

Sin embargo, según un comunicado del INPE, saldría en libertad el 17 de enero del 2022, presumiblemente con beneficios penitenciarios. Esa fecha no le alcanza para ser candidato a la presidencia con alguna oportunidad de triunfo. El 2026 se ve muy distante.

Otra posibilidad de una liberación anticipada es un indulto presidencial o una amnistía del Congreso. Pero, para esa posibilidad o que se cumpla la previsión del INPE y ser candidato a la presidencia en un futuro inmediato, necesita un nuevo gobierno.

Este objetivo se pone en evidencia en el reciente audio difundido por el diario Perú 21, en el que Antauro Humala instruye a los congresistas de UPP para insistir en la vacancia y en su libertad inmediata.

Alarcón

Un segundo personaje clave de esta trama es el congresista por Arequipa, Edgar Alarcón Tejada, presidente de la Comisión de Fiscalización. Alarcón enfrenta graves denuncias penales de corrupción en su paso por la Contraloría General de la República. Al dejar el Congreso, le esperan pedidos de prisión preventiva, varios juicios y probables condenas de pena de prisión efectiva.

La única posibilidad para librarse de sus procesos judiciales es continuar en el Congreso y, a la larga, generar una alianza política suficientemente fuerte para neutralizar el accionar de los fiscales y lograr una revisión de sus casos.

Congreso

El presidente del Congreso, Manuel Merino, de Acción Popular, sueña con ser el jefe del Estado en reemplazo de Vizcarra. Sabe que en las actuales circunstancias él no llegará a ese cargo por los votos.

Su única posibilidad es mediante el proceso de vacancia ya que, al no haber vicepresidentes, él se convierte automáticamente en el nuevo mandatario.

Podemos Perú

Podemos Perú, fundado por el empresario José Luna Gálvez, que integra entre otros el congresista Daniel Urresti, tiene interés en mantener su presencia en el Congreso para neutralizar las investigaciones del equipo especial de fiscales del caso Cuellos Blancos del Puerto.

Un tema que poco ha avanzado de dicho caso es la infiltración que Luna Gálvez, a través del detenido José Luis Cavassa Roncalla, habría promovido en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para lograr que el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) apruebe la inscripción de Podemos Perú.

La decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de reforzar dicho equipo de fiscales tiene entre sus objetivos este caso y cualquier avance tendrá repercusión y afectará las candidaturas en las convocadas elecciones del 2021.

El congresista Daniel Urresti enfrenta un juicio por el asesinato de un periodista. Ya fue absuelto en un primer proceso, pero una de las mejores formas de asegurar que los jueces no cambien de opinión es seguir en el Congreso. Siempre es más difícil condenar a un político en actividad que a un ciudadano de la calle.

Chehade y Frente Amplio

El congresista Omar Chehade , de Alianza para el Congreso (APP), promueve la restauración de la bicameralidad y el senado, para burlar la prohibición legal de no reelección al Congreso. Como presidente de la Comisión de Constitución, Chehade ya tiene fecha para las elecciones, fines del 2022, y que los senadores entren en funciones el 2023 para un periodo de tres años.

Para avanzar con la aprobación de esta reforma constitucional necesita más tiempo en el Congreso. Sabe que no tendrá otra oportunidad.

El Frente Amplio del padre Marco Arana siente que ha perdido presencia en el país y que unas elecciones en este momento lo exponen a no pasar la valla electoral. Sus analistas consideran que necesitan más tiempo para posicionarse en el sur y centro del país y mantener su presencia en el Congreso por otro periodo.

El Padrino

Al lado de los políticos, hay otros actores. Una presencia que permite explicar que la nueva vacancia presidencial se activa con más moderación, mejor sustento legal y recursos económicos.

El otro tema que falta investigar en el caso Cuellos Blancos del Puerto es el de los abogados litigantes, cuya influencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público se mantiene y sustenta en los tres años de nombramientos y ratificaciones del defenestrado CNM.

Las fuentes identifican a un abogado conocido como “El Padrino”, como una pieza clave en la repentina y oportuna decisión de los exejecutivos de Obrainsa e ICCGSA de acogerse a la colaboración eficaz.

Obrainsa e ICCGSA buscaban la colaboración desde el año 2019. El fiscal Germán Juárez ya les había dicho adiós, cuando una mañana se levantaron y recordaron al unísono que también le pagaron sobornos al presidente Vizcarra.

Por lo que ha trascendido, el relato de los cinco colaboradores es idéntico. El entonces gobernador les pidió un pago por una obra pública, a través de un intermediario. El proyecto se concedió y tiempo después, Vizcarra les reclamó en Lima, un faltante.

El dinero se pagó en efectivo, sin testigos y dentro de un sobre manila, de tamaño no definido, pero que difícilmente podría pasar desapercibido.

Los fiscales del caso Lava Jato son ajenos a ese complot, pero a estas alturas sus modos de actuar ya son conocidos. Las fuentes indican que uno de los colaboradores les ha ofrecido hablar de otros casos que les permitiría ser focos de la atención pública por un par de años más y hacer olvidar la falta de acusaciones.

Constructoras

Las constructoras peruanas del “Club de la Construcción” están golpeadas por el caso Lava Jato, pero culpan de su debacle económica al presidente Vizcarra. Este caso se descubrió por la declaración de un colaborador de Odebrecht, en el proceso al exgobernador regional del Cusco Jorge Acurio.

Pero fue en la gestión ministerial de Vizcarra que el Estado empezó a cerrarles las puertas y no les dio ni un solo contrato. Las constructoras han buscado cambiar de nombre, buscar nuevos socios o una venta, pero sin posibilidad de contratar con el Estado nada sirve y su valor se deteriora cada día.

Nadie está dispuesto a invertir o comprar en una empresa que no puede contratar con el principal y más grande cliente del país. Un nuevo gobierno podría cambiar esta relación y salvarlas. A eso apuestan.

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