A un año de la disolución: altas y bajas en normas que aprobó el nuevo Congreso

Este 30 de setiembre se conmemora un año desde el que presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso de la República tras la negativa a cancelar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).

“Es claro que la obstrucción y blindaje (del Congreso) no cesan y no habrá acuerdo posible”, declaró el jefe de Estado, quien convocó a elecciones parlamentarias para enero de este año.

El 16 marzo de 2020, el nuevo Parlamento juró y entró en funciones. Apenas lleva seis meses de trabajo y los miembros del Palacio Legislativo ya han tenido enfrentamiento con el Ejecutivo, hecho que, días anteriores, desató un frustrado intento de vacancia presidencial.

En este periodo también se puede rescatar la aprobación de distintas normas que son de gran relevancia para el país. No obstante, hubo dilación en la admisión y, en algunos casos, las medidas fueron observadas tanto por el Ejecutivo como por el TC.

“La virtualidad ha jugado a favor y en contra de los plazos para aprobar distintos proyectos, pero no hay que negar que por diferentes motivos o intereses, algunos temas se han demorado, como la elección de miembros del Tribunal Constitucional”, señaló la licenciada en Ciencia Política y Gobierno, Ariadna Valga.

Reformas y proyectos de ley aprobados por el Congreso

Impedimento para postular a cargos públicos

El pasado 11 de setiembre, con 111 votos a favor en la segunda votación, el Pleno del Congreso aprobó la reforma constitucional que impide a sentenciados en primera instancia postular a cargos de elección popular o ejercer función pública.

Esta norma entra en vigencia para las elecciones generales de 2021. Es así que aquellas personas que hayan sido autores o cómplices de algún delito doloso quedan excluidos a partir de la fecha. Algunos integrantes de las bancadas de Fuerza Popular y Unión por el Perú votaron en contra de la medida.

Financiamiento de partidos políticos

Días atrás, el Legislativo aceptó los cambios en la ley de financiamiento de partidos políticos. La reforma, admitida con 89 votos, eliminó la sanción de cancelación de las organizaciones ante faltas graves.

Sin embargo, quedó autorizado que sean suspendidos los partidos que no levanten las observaciones planteadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mismas que deben ser impuestas por casos graves de infracción o cuando no cancelen las multas impuestas.

La norma precisó también que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tendrá acceso a las cuentas bancarias de cada agrupación política para ejercer su función supervisora. Por ello, todos los aportes deberán ser registrados.

Paridad y alternancia

La paridad y alternancia, que se aprobó en junio pasado, fue uno de los primeros dictámenes que del Pleno del Congreso respecto a la reforma electoral.

Con esta iniciativa es imprescindible que los partidos tengan, como mínimo, 50% de mujeres en su lista de candidatos al Parlamento. No obstante, ya que no se aprobó la eliminación del voto preferencial, no se garantiza una verdadera equidad de género.

Fortalecimiento del sector Educación

En julio de este año, el Pleno del Congreso decidió fortalecer el sector Educación, por lo que admitió que se le otorgue un monto no menor al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). El proyecto obtuvo el respaldo de 115 legisladores. La norma estuvo sustentada en que “la educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad”.

Actualmente, el presupuesto para el sector es del 3,8% del PBI. Por ello, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló que esta medida impacta la sostenibilidad fiscal. "Educación es uno de los sectores con más asignación presupuestal, incrementándose en 14% del 2018 al 2020″, precisó en su momento.

Normas del Congreso cuestionadas

El nuevo Congreso aprobó normas que fueron cuestionadas por el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional, siendo este último el organismo que se encargará de evaluar casos como el retiro de fondos de la ONP, inmunidad parlamentaria y la eliminación del cobro de peajes a nivel nacional. A esto se sumó que, en cuanto a reforma electoral, se dejó de lado la eliminación del voto preferencial.

Retiro de fondos de la ONP

El Parlamento, en agosto, aprobó el proyecto de ley que autoriza el retiro de aportes de la ONP y la devolución del 100% de fondos para aquellos afiliados que tengan más de 65 años y no hayan cumplido con el tiempo mínimo requerido para cobrar una pensión de jubilación.

Sin embargo, el Ejecutivo observó la ley porque se dejaría sin efecto la competencia del Sistema Nacional de Pensiones de otorgar la prestación solo cuando los afiliados cumplen con los requisitos establecidos por ley.

Eliminación de los peajes

En mayo, el Pleno decidió aprobar por insistencia la ley que suspende el cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19.

La norma fue observada por el presidente Martín Vizcarra a fines de abril y, pese a ello, se admitió con 102 votos. El Poder Ejecutivo elevó el caso al Tribunal Constitucional que, tras el análisis liderado por el magistrado Augusto Ferrero, se decidió declarar inconstitucional la medida.

Eliminación de la inmunidad parlamentaria

El 5 de julio, se aprobó, con 110 votos a favor, la reforma constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria, así como la del presidente de la República, ministros, magistrados del Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo.

Con esta iniciativa se buscaba la modificación de cinco artículos de la Constitución Política del Perú. En el número 93, además de la eliminación de la inmunidad, se establece la ampliación de la inviolabilidad de su procesamiento en ejercicio de sus funciones de “control político u otras inherentes a la labor parlamentaria”.

No obstante, la referida norma quedó sin segunda aprobación. Además, fue cuestionada por el presidente Vizcarra, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, que consideraron la medida como una vulneración a la protección de los funcionarios.

“La inmunidad parlamentaria es un mecanismo mal utilizado porque se ha convertido la inmunidad en impunidad. Inmunidad debería haber, pero estar a cargo de otro ente, no el mismo Congreso determinar si levanta o no levanta a su colega de bancada que está al lado la inmunidad. Entonces tenía que corregirse”, declaró el mandatario.

Voto preferencial

El actual Parlamento también evitó aprobar la eliminación del voto preferencial, por lo que la norma sobre paridad y alternancia se vió afectada. A inicio de setiembre, portavoces del Partido Morado, Frente Amplio y Frepap solicitaron incluir la reforma en el Pleno, pero hubo oposición de otras bancadas.

“Lo que pasa es que en el voto preferencial no hubo acuerdo político. Ustedes han visto que todas las reformas que hemos sacado en el parlamento (han sido) con dificultad”, expresó Manuel Merino, presidente del Congreso.

Análisis de las normas aprobadas por el nuevo Congreso

Con la instalación del nuevo Parlamento, que debía evaluar los decretos de urgencia aprobados por el Ejecutivo a causa de la pandemia, se priorizaron temas acorde al contexto, proyectos enfocados en economía y reforma política. No obstante, en algunos casos, el Congreso recibió presión para su pronta admisión.

“Las de reforma política se han visto desde julio hasta ahora último. Hubo un pequeño retraso por diferentes motivos. Cuando el presidente salió en un mensaje a la nación es que los congresistas lo ponen en el Pleno para debatir”, indicó Ariadna Valga, licenciada en Ciencia Política y Gobierno.

En cuanto a las iniciativas económicas, Valga refirió que el Parlamento actual impulsa propuestas que, en algunas ocasiones, pueden parecer de corte populista, pero que en la realidad podría perjudicar la estabilidad financiera del país.

“Las medidas de índole económica son respuestas a lo que piden los ciudadanos. Si el Ejecutivo no da la respuesta que los ciudadanos quieren, el Congreso trata de aprovechar esa oportunidad y generar proyectos de ley más amigables, pero que, a la larga, tienen un impacto económico muy fuerte, como el retiro de aportes de la ONP”, precisó.

Asimismo, respecto a las iniciativas que se aprobaron en el marco de los comicios de 2021, acotó que la ciudadanía debe estar vigilante porque algunas de las normas o reformas estarían direccionadas a beneficiar a algunos miembros de los partidos.

“Lo que se está aprobando es con miras a las elecciones. Hay que entender que los congresistas, si bien no van a poder postular a los cargos de parlamentarios el próximo año, sus partidos sí. Hay que tener en cuenta que cómo se presenten los congresistas puede jugar en miras a las elecciones”, puntualizó.

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