¿Martha Chávez podría ser investigada por expresiones contra Vicente Zeballos?

La parlamentaria fujimorista Martha Chávez criticó este martes la designación del exministro Vicente Zeballos como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) aduciendo que debió ser nombrado embajador en Bolivia por sus “rasgos andinos”.

“Es una facultad del presidente de la República de acuerdo a la Constitución y a la ley, designar embajadores políticos, pero eso no puede significar que en plena pandemia se pase por alto la profesionalidad, la carrera de un diplomático que está asignado a una función ante la OEA y se le quite de en medio para hacer un espacio a una persona que quizá debió ir a Bolivia, porque como moqueguano y como persona de rasgos así, andinos, debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia”, manifestó la legisladora durante la reciente sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento.

A raíz de ello, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, cuestionó las declaraciones de la integrante de Fuerza Popular, las que calificó como “vergonzosas”.

“¿Pueden creer en pleno siglo XXI, un político con ese tipo de declaraciones? Es realmente inaceptable. [...] El virus trata a todos los seres humanos por igual. El virus actúa mejor que algunos congresistas que descartan y descalifican por rasgos andinos”, enfatizó el mandatario.

Opinan especialistas

Abogados penalistas y constitucionalistas analizaron la situación de Martha Chávez y los probables escenarios que se presentarían tras los desafortunados comentarios en contra del extitular del Consejo de Ministros.

Para el letrado Omar Cairo, Chávez Cossío no puede ser responsable por sus recientes expresiones, debido a que el artículo 93 de la Constitución, relacionado con la inmunidad parlamentaria, la protege por sus opiniones emitidas en ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta que estas se produjeron durante el debate en una comisión legislativa.

“Desafortunadamente, ella no es responsable por lo que ha dicho, porque está incluido en una opinión expresada en ejercicio de sus funciones. A eso se le llama inviolabilidad, una institución distinta de la inmunidad. Aquí está prohibido procesar a los congresistas por cualquier delito que esté contenido en sus votos u opiniones. Esta institución deja en la impunidad una lamentable expresión de racismo”, indicó a La República.

Acto seguido, Cairo sostuvo que si estas frases eran emitidas en un contexto diferente al Congreso, como una entrevista periodística, sí tendría responsabilidad.

Similar comentario sobre el caso de Chávez es el de la constitucionalista Leslie Obando, quien mencionó que sí existe espacio para que se presente una denuncia ante la Comisión de Ética, grupo de trabajo que recomienda sanciones que varían desde una amonestación hasta una suspensión de sus funciones por 120 días.

“Actualmente, no sería factible denunciar penalmente mediante una vía ordinaria, pero sí cabría una denuncia en la Comisión de Ética. Claramente, vivimos en una situación de desigualdad y discriminación, y estas declaraciones, proviniendo de representantes políticos, genera que exista o se siga manteniendo prejuicios, lo que es un factor preocupante”, sostuvo.

Sin embargo, una opinión diferente es la que sostiene el abogado penalista Carlos Rivera, quien enfatiza que lo realizado por Chávez es un delito, así se haya producido en cumplimiento de sus funciones, pero que, a diferencia de una denuncia presentada por la vía ordinaria, se podría cumplir un proceso que iniciaría con una denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la que se buscaría suspende el antejuicio que protege a la parlamentaria, de modo que pueda ser investigada.

“Que se tenga que cumplir un procedimiento sobre ella para acusarla constitucionalmente, no me queda duda. El proceso constitucional no elimina el grado de responsabilidad penal que Martha Chávez tiene. Es un delito de discriminación”, manifestó a este diario.

Al cierre de esta nota, se difundió que un ciudadano presentó una denuncia penal en contra de la congresista fujimorista ante la Mesa de Partes del Ministerio Público por este caso.

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