El pleno del Congreso aprobó ayer dos mociones de interpelación a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, para que responda por las medidas adoptadas en su sector para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus.
En la primera parte de la sesión se aprobó el pedido de interpelación 11349 con 72 votos a favor, 22 en contra y 28 abstenciones, para que responda 32 preguntas sobre la reactivación económica.
En la tarde se puso a debate la segunda moción de interpelación 11854, que fue aprobada con 71 a favor, 28 en contra 26 abstenciones. Esta moción que tiene 50 preguntas, fue planteada por la bancada de Unión Por el Perú (UPP).
El vocero de (UPP), José Vega Antonio, consideró que el manejo económico de la ministra favoreció a los grupos de poder y ha hecho que al menos 6 millones de personas pierdan sus puestos de trabajo.
“La anunciada reactivación solo ha sido para las empresas, pero no ha permitido generar empleo o paliar los despidos. Esperamos que la mesa fije la fecha de presentación pues tenemos expectativas por conocer las respuestas de la ministra”, señaló.
Por la tarde, el presidente del Parlamento, Manuel Merino, anunció que la presentación de la ministra María Antonieta Alva será el día viernes 4 de setiembre y la sesión continuará el lunes 7. Según deslizó, en esta jornada la ministra responderá el total de 82 preguntas de las dos mociones de interpelación.
Si bien el 25 de junio fue presentada la primera moción de interpelación, el 21 de agosto ingresó al Congreso un segundo pedido con 50 preguntas, a instancias del legislador José Vega, de UPP.
En este segundo grupo se incluye preguntas como “¿cómo explica usted que el apoyo crediticio a las Mypes con RUC sea mucho menor que el apoyo crediticio a las grandes empresas?”.
En el pliego también cuestionan que se entregue solo 760 soles por el concepto del bono rural. Asimismo, la ministra tendrá que dar cuenta de las políticas que piensa impulsar el gobierno para generar empleo permanente.
Declaraciones juradas. El Pleno del Congreso ayer también aprobó un marco legal sobre la presentación de las declaraciones juradas de intereses, aunque desde la Contraloría habría disconformidad con respecto al texto sancionado.
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