Fuerza Popular podría quedar fuera de las elecciones del 2021

El partido Fuerza Popular podría quedar excluido de participar en las siguientes elecciones presidenciales, congresales, regionales y municipales en el Perú.

Esto pasará si prospera la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, para suspender las actividades de FP por dos años y medio, hasta enero del 2023.

La decisión no afectará a la actual representación en el Congreso, pero la convertiría en un grupo parlamentario sin partido político.

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Pérez presentó su solicitud, el 22 de julio último, ante el juez Víctor Zúñiga Urday, del 4° Juzgado de Investigación Preparatoria. La solicitud se sustenta en el artículo 23° de la Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado.

Dicha norma dice que ante un delito cometido en el ejercicio de la actividad de una persona jurídica o valiéndose de la estructura de un organización, el juez puede "suspender sus actividades por un plazo no mayor de cinco años".

Pérez declaró en RPP que la investigada Keiko Fujimori sigue en la conducción de Fuerza Popular y que está agrupación política bloquea las investigaciones, así como estaría fabricando elementos de prueba.

Inédito

Es la primera vez que la fiscalía pide la suspensión de actividades de un partido político. El artículo 23 de la ley 3007 no había sido utilizado hasta hoy.

Dicha norma fue prevista para detener un delito que genere un peligro directo a la vida o a la salud, como una agrupación terrorista, del tráfico de drogas u órganos humanos.

A través de las redes sociales, la señora Fujimori dijo que esa medida afecta el derecho de libre elección de los gobernantes. “El miércoles estaba sustentando en la Comisión de Constitución que la reforma política no puede impedir ninguna candidatura, cuando me entero que se buscar bloquear a Fuerza Popular por la vía judicial”, señaló el congresista Diethell Columbus.

Procedimiento

Para resolver, el juez Zúñiga convocará una audiencia, en la que el fiscal Pérez deberá presentar las evidencias que sustentan su pedido. La defensa tendrá la oportunidad de rebatir y, si el juez da la razón al fiscal, pueden apelar.

Zúñiga deberá valorar que, al tratarse de un partido político, su decisión afectará derechos políticos de terceros, máximo cuando hay un proceso electoral convocado.

"Habrá hasta una repercusión económico si tenemos en cuenta que los partidos reciben financiamiento del Estado", señaló el abogado Julio César Espinoza.

El fiscal deberá sustentar que su pedido obedece a una necesidad procesal y no a una demanda política o demostración de poder.

El pronunciamiento de Keiko

La investigada Keiko Fujimori se opuso al pedido de la fiscalía en las redes sociales y pidió que las elecciones se realicen con normalidad.

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