Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas a María Jara

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima Centro abrió una investigación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en diferentes procesos de contratación en la ATU, dirigida por María Jara.

El último domingo 5, Punto Final reveló que María Jara dio el visto bueno para contratar a tres allegados suyo; dos de ellos, son socios de una empresa fundada por la titular de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

En consecuencia, la mañana de este martes 7, el fiscal Marco Huamán Muñoz lideró una diligencia en la mencionada entidad a fin de recoger información y documentación para investigar los presuntos actos delictivos, según RPP.

En ese sentido, el primer caso está relacionado con el presunto favorecimiento que María Jara habría cometido al aprobar y dar conformidad para contratar a la empresa Valkiria Consultores, conformada por sus allegados Héctor Rubio Guerrero, Luis Vilela García y Luis Canessa Calderón.

De acuerdo a Punto Final, Héctor Rubio Guerrero, es el actual director de Asuntos Ambientales y Sociales de la ATU y también figura como gerente general de Valkyria Consultores SAC, empresa fundada por María Jara con el nombre original de Jara Consulting Group SAC.

Asimismo, María Jara aprobó la contratación Luis Vilela García y Luis Canessa Calderón, quienes fueron sus asesores, entre mayo y octubre del 2019, cuando ella era ministra de Transportes y Comunicaciones.

Ante ello, el Ministerio Público inició una investigación preliminar para esclarecer presuntas irregularidades en diversos procesos de contratación en la actual gestión de la ATU.

El segundo caso investigado por la Fiscalía es una probable sobrevaloración en dos contrataciones directas para la adquisición de 20.000 adhesivos y pintado de 10.000 círculos de señalización destinados a asegurar el distanciamiento social en los paraderos de los corredores y el Metro de Lima y Callao como medida de prevención ante el contagio de coronavirus.

En ambos casos se estableció que las diligencias preliminares sean por un plazo de 90 días.

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