El jueves pasado, el Congreso aprobó la norma que regula la presentación de la declaración jurada de los congresistas. Se reitera que los legisladores deberán entregar este documento al sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflicto de intereses de la Contraloría General de la República. Ya no a la Plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros.
La modificación que se ha hecho a la normativa anterior tiene que ver con el agregado de las palabras ‘cautela, fiscaliza y publica’, respecto a la función que cumplirá el órgano contralor.
El párrafo dice: “Disponer el cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada para la Gestión de Conflicto de Intereses de los congresistas de la República, así como de los funcionarios del Servicio Parlamentario y asesores de la Organización Parlamentaria que determine, ante el sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflicto de intereses de la Contraloría General de la República, la que las cautela, fiscaliza y publica en su portal institucional, y actúa conforme a sus atribuciones, en su calidad de organismo constitucionalmente autónomo de control (…)”.
El término ‘cautela’ no ha sido aclarada. La congresista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, refirió que no se debatió lo que significaba ‘cautelar’.
“Ellos decían que era suficiente. Que cautelar era como que Contraloría las iba a tener bajo su custodia. Y cuando insistimos en lo que significaba la palabra, indicaron que también decía que será publicada. Esto nos lleva a dudas porque Contraloría solo puede publicar información relacionada con contratos económicos. En lo demás tendrá limitaciones ya que serían considerados asuntos confidenciales. En cambio, en la plataforma de la PCM cualquier persona puede revisar toda la información”, sostuvo.
Y agregó que igual sucede con el término fiscalizar que se ha añadido. Dijo que Contraloría no va a investigar si hay algún interés personal no necesariamente económico con alguna institución.
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La representante de Cajamarca señaló que su bancada se apartará de este régimen y colgará la declaración jurada en la plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Por su parte el congresista Gino Costa, del Partido Morado, estimó que la base de datos debe ser pública. Anotó que quien incorpora la información es el propio congresista o funcionario público, que son los responsables de lo entregado, y no hay que cautelar ni fiscalizar nada porque el propósito de la base de datos es que esté al alcance de todos.
“Sobre todo de las ONG que siguen estos temas, de las instituciones públicas interesadas, de los periodistas de investigación, pero también de la fiscalía y de la Contraloría que quieren saber más”, precisó.
También comentó que no se sabe cuál es la base de datos donde van a incorporar las declaraciones juradas. Refirió que quiso presentar al sistema de Contraloría la misma declaración jurada que entregó a la PCM y no pudo hacerlo.
“No he podido porque ahora la Contraloría tiene que decidir si va ser la misma declaración jurada que ordena el decreto de urgencia para todos los funcionarios públicos o va ser distinta”, acotó el legislador Gino Costa.
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