Congreso tiene pendiente resolver denuncias contra parlamentarios disueltos

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene la tarea pendiente, dejada por sus predecesores disueltos, de resolver las indagaciones contra exparlamentarios y funcionarios que fueron denunciados constitucionalmente por Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación.

Aunque la mencionada mesa de trabajo todavía no se ha instalado, tiene pendiente investigar a los excongresistas Roberto Vieira, Javier Velásquez Quesquén, José Marvin Palma y Luciana León. Además, contra el excontralor Edgar Alarcón, quien actualmente es congresista y preside la Comisión de Fiscalización.

Roberto Vieria, exintegrante de la bancada de Peruanos Por el Kambio, fue acusado por un familiar suyo de cometer tráfico de influencias al pedirle presuntamente dinero a cambio de gestionar un permiso de pesca ante el Ministerio de la Producción.

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La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia contra Vieira Portugal ante el entonces presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

Javier Velásquez Quesquén y José Marvin Palma, exmiembros de las bancadas del Apra y Cambio21, respectivamente, fueron denunciados constitucionalmente tras ser acusados de tener vínculos con la organización criminal “Temerarios del crimen".

El pasado 21 de enero, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos solicitada por Marvin Palma Mendoza en la investigación preliminar por tráfico de influencias agravado en la que también figura Javier Velásquez Quesquén.

Además, la denuncia de Zoraida Ávalos se extiende al actual presidente de la Comisión de Constitución, Edgar Alarcón, por el presunto delito de cohecho pasivo propio a raíz del caso “Temerarios del crimen”.

La fiscal de la Nación también tiene a cargo la investigación por los presuntos vínculos de la excongresista Luciana León (Apra) con la organización criminal “Los intocables ediles”, sin embargo, en este caso todavía no se ha formalizado la denuncia constitucional.

“Los congresistas disueltos tienen dos tipos de protección constitucional: la inmunidad que está referida a delitos comunes que hubiera cometido durante o antes de haber asumido el cargo, y el antejuicio que es por el delito cometido como consecuencia del ejercicio de su función. La distinción es importante porque ambas tienen un trámite diferente”, comentó el constitucionalista Luciano López a Andina.

En el caso de la inmunidad, esta se pierde 30 días después de culminar el cargo como congresista. En tanto, el antejuicio, que beneficia a funcionarios públicos, entre ellos, el presidente, jueces o ministros, tiene una vigencia de 5 años luego de terminar el ejercicio de la función.