Fuerza Popular y la vez que intentó beneficiar desde el Congreso a grandes casinos
La confesión del empresario José Sam Yuen, denominado “Rey de los casinos”, sobre su aporte millonario a Fuerza Popular, tendría relación con la vez que el partido fujimorista intentó favorecer a este rubro con la derogación del Impuesto Selectivo al Consumo.
El millonario empresario José Sam Yuen confesó ante el Equipo Especial del caso Lava Jato haber entregado dinero a favor de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011, y que ordenó a su entonces empleado José Bisso López de Romaña reclutar a falsos aportantes para ocultar su nombre.
La República pudo conocer que Bisso López de Romaña detalló que su exjefe, presidente del Grupo Sam, entregó hasta S/ 270 000 y que le ordenó a mentir a la Fiscalía al decir que sí donaron a Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, por “temor a que Ollanta Humala gane”.
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Fuerza Popular y los casinos
Este caso, ahora confirmado, guarda relación con las acciones del partido fujimorista para beneficiar desde el Congreso a este rubro empresarial, el de los casinos y tragamonedas.
El caso remonta a setiembre de 2018, cuando el Poder Ejecutivo con facultades legislativas que el Parlamento le entregó emitió el Decreto Supremo N° 1419, con el que obligaba a los casinos y tragamonedas a pagar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).
Este consistía en que se establezca la tasa a cada mesa y a cada máquina, con el objetivo de gravar, o elevar, el precio del bien o servicio cuando llega al consumidor final para que desincentive determinados comportamientos de consumo en los ciudadanos.
Congresista Miguel Torres cree que fujimorismo ya no debe presidir Mesa Directiva. Foto: La República
No obstante, en el Congreso la Comisión de Constitución, liderada por Miguel Torres y con mayoría fujimorista, se dedicaba a revisar cada decreto legislativo que el Gobierno emitía, y observó este. En definitiva esta medida afectaba a los garndes grupos de este sector.
Miguel Torres, amigo de infancia de Keiko Fujimori, propuso la derogación de esta norma ya publicada por el Ejecutivo, señalando que no era posible trasladar estos montos impositivos al cliente y que con esta iniciativa se ha creado un nuevo impuesto, por lo que estaría desnaturalizando el sentido de la norma.
“Con el Decreto Supremo No 1419 -emitido como parte de las facultades delegadas y que imponía el ISC- no se está grabando al consumo por lo que si se mantiene vendría una avalancha de Acciones de Amparo. Téngase en cuenta que a través de los impuestos no se puede prohibir una actividad”, dijo el entonces legislador fujimorista.
Entonces el 4 de diciembre de ese año, la Comisión de Constitución aprobó derogar el decreto supremo con 8 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Esta acción fue duramente criticada por sus colegas de oposición a Fuerza Popular, como Marisa Glave, Marco Arana y Yonhy Lescano, principalmente.
La República, reveló que esta propuesta de Fuerza Popular favorecía a la corporación CIRSA, de la que cinco empresas suyas eran patrocinadas por el bufete Torres & Torres Lara, dirigido por la hermana del congresista. Entonces, los cuestionamientos se tornaron a un presunto conflicto de intereses,.
Entonces, el 7 de diciembre Miguel Torres presentó al Parlamento un proyecto de ley que proponía incrementar de 12 a 14 % la tasa del impuesto a los juegos de casino y tragamonedas, así como la creación del impuesto a los juegos de apuestas por internet.
Ese mismo día, indicó que a pesar que la comisión aprobó al derogación del decreto del Ejecutivo, este aún no podrá ser derogado porque estaban en el cierre de legislatura y el Pleno aún no lo debatía. Sin embargo, al inicio del nuevo periodo congresal tampoco se trató el hecho.
Decreto N° 1419 sigue vigente
Al no haberse debatido en el Pleno del Congreso la derogación del Decreto Supremo N° 1419, esta norma emitida por el Poder Ejecutivo entró en vigencia desde el 1 de enero de 2019 hasta la actualidad.
A pesar de los esfuerzos fujimoristas, que era el grupo mayoritario en el Legislativo, la intención de anular el impuesto que afectaba a los casinos y tragamonedas no pudo avanzar. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en su página web confirma que la norma dictada por el Gobierno continúa en vigencia.
