Fiscalía vincula a Vladimir Cerrón con Martín Belaunde Lossio
Rechazan recuso presentado por ex gobernador regional que buscaba evitar ser investigado como miembro de presunta organización criminal.
La situación legal del exgobernador de la región Junín Vladimir Cerrón Rojas, quien actualmente cumple una condena de 4 años de prisión suspendida por actos de corrupción, se complicó luego de que el Poder Judicial rechazara un recurso a través del cual el líder del partido Perú Libre pretendía ser excluido de otra investigación que le abrió el Ministerio Público, como presunto miembro de la organización criminal encabezada por el encarcelado Martín Belaunde, exasesor de Ollanta Humala.
En efecto, el fiscal Omar Tello Rosales, titular de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, consiguió en segunda instancia que el pedido formulado por la defensa de Cerrón no sea tomado en cuenta.
La Primera Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ratificó la decisión de investigar al exgobernador dando carta libre al fiscal Orlando Lara Vásquez, responsable de la Décima Fiscalía Supranacional Anticorrupción, para que se encargue de esa labor.
En esta ocasión se le imputan a Vladimir Cerrón los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión, entre otros, los mismos que habría consumado como miembro de la organización mafiosa de Martín Belaunde Lossio.
El abogado del líder de Perú Libre había argumentado que dicha acusación era “imprecisa y carecía de motivación suficiente”.
Con el rechazo de dicho pedido formulado por el Poder Judicial, quedó habilitada la tesis fiscal de que Cerrón Rojas habría integrado la organización criminal de Martín Belaunde y como tal habría defraudado al Estado con más de 26 millones de soles a través de dos obras que ejecutó cuando ejerció como gobernador regional entre el 2011 y el 2014.
“Hay razones suficientes para investigar al recurrente por los hechos ilícitos que se le atribuyen”, precisa la resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.