“Habrá grave impacto económico y laboral tras denegar Palo Redondo”

Wilson Aranda Roncal. Trujillo

La negativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que se firme la adenda con Odebrecht a fin de reiniciar las obras y culminar la presa Palo Redondo en la provincia de Virú, traerá impactos negativos en la economía y empleo en La Libertad, advirtió el decano del Colegio de Economistas de La Libertad (CELL), Alejandro Inga Durango.

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“Ya tenemos tres años de paralización de Palo Redondo, y el reinicio de los trabajos a través de otra empresa tomará más tiempo debido a que Odebrecht acudirá a un arbitraje. Eso va a generar contratiempos porque esperábamos que Palo Redondo se inicie lo más pronto posible y en un par de años se podría haber generado 50 mil nuevos puestos de trabajo”, detalló Inga.

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Agregó que actualmente el Proyecto Especial Chavimochic (PECh) capta unos 1200 millones de dólares anuales por agroexportación y en un par de años se podría haber estado exportando aproximadamente 1500 millones de dólares.

Costo/beneficio

Inga Durango consideró que el Gobierno Central pensó más en la imagen que tendría de firmar la adenda con una empresa corrupta.

“Pero ese es un costo que ya se había dado y había que verlo. Hay que evaluar la situación de acuerdo a un análisis costo/beneficio. Si bien la corrupción es parte del costo, si se hubiera terminado la obra firmando la adenda, el beneficio hubiera sido ampliamente favorable porque hubiéramos culminado ese 30% en el más breve plazo de un año o año y medio”, comentó el economista.

Y a partir de allí —continuó— inmediatamente, tierras que ya están en manos del sector privado, en la primera y segunda etapa hubieran entrado en producción. “Ahora esas tierras que son unas 20 mil hectáreas, no pueden producir porque falta agua que le habría proporcionado Palo Redondo”, lamentó.

Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), Hermes Escalante Añorga, consideró que las expectativas de la población liberteña para la culminación de este proyecto emblemático, se han visto frustradas.

“Esta negativa determinará unos 4 o 5 años más para poder implementar un nuevo mecanismo y culminar esta importante obra. Además, Odebrecht irá a un arbitraje porque ha habido una rescisión unilateral del contrato por parte del Gobierno Central. La empresa ya tenía activado el arbitraje que suspendió mientras buscaba la solución, que no se ha dado”, indicó Escalante.

La cantidad que pide la constructora brasileña en el arbitraje es de 124 millones de dólares que el Estado podría perder.

Respecto a la coyuntura política y las consecuencias de firmar con una empresa corrupta en medio de una lucha contra la corrupción, afirmó que tal vez el momento político no era el adecuado.