Gregorio Santos dirigió una red delictiva en el Gobierno Regional de Cajamarca

El ex gobernador regional Gregorio Santos Guerrero integró y dirigió una organización criminal e ilícita infiltrada en el gobierno regional de Cajamarca, que tuvo como objetivo concertar con empresarios el direccionamiento de la adjudicación de obras públicas.

Esta es la principal conclusión del Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Penal Nacional, integrado por Guillermo Huamán Vargas (presidente), Marco Aurelio Tejada Ortiz y María Guillén Ledesma, en el juicio a Gregorio Santos.

Aun cuando la sentencia íntegra recién se conocerá el 15 de enero próximo, Guillermo Huamán precisó que no se trata de que una entidad del Estado sea una organización ilícita, sino que sí es posible que a su interior opere una organización criminal.

Esta organización, además de Santos, estuvo integrada por los exfuncionarios de Proregión, el exdirector ejecutivo José Panta Quiroga, el jefe administrativo José Coronado Fustamante y el exjefe de Asesoría Fuaad Samhan Graham.

Luego, el tribunal determinó, conforme a la acusación que presentó el fiscal supraprovincial Walter Delgado Tovar, que el objetivo de esta organización fue concertarse con los empresarios Wilson Vallejos Díaz y Luis Pasapera Adrianzén para direccionar las licitaciones de 12 obras públicas, beneficiándose con un millón y medio de soles durante su gestión 2011-2014.

El tribunal también establece que si bien no existe un documento fotográfico, video o documento que establezca la concertación, su existencia es evidente por el comportamiento de Vallejos con los funcionarios públicos referidos.

Al respecto, el tribunal dio valor probatorio al cuaderno donde el mencionado empresario anotó las fechas y los pagos realizados a los funcionarios de la región Cajamarca, pues era coincidente con los datos de los registros bancarios y de llamadas telefónicas.

Las fechas de los pagos anotados coincidían con las llamadas telefónicas y los depósitos realizados en las cuentas bancarias. Sobre estos actos colusorios, el tribunal recomendó al Poder Ejecutivo o al Congreso precisar el texto del delito de colusión simple y colusión agravada, pues como está actualmente redactado podía generar impunidad.

Hay un bache entre la colusión simple, que se da en el mismo momento de la concertación, por lo que quienes llegan después ya no cometen delito.

En tanto, que la colusión agravada solo se establece cuando hay afectación al patrimonio del Estado.

También se estableció que Gregorio Santos Guerrero utilizó a familiares y amigos para recibir el dinero que le entregaron los empresarios, aunque no en todos los casos, se dio lavado de activos.

Así, por lavado de activos fueron condenados Nancy Dávila Castillo; Maritza Briones Dávila, Leider Calva Guerrero; el suboficial PNP Franco Díaz Silva; Juan Salazar Silva y Pedro Huamán Ortiz, condenados a ocho años de prisión.

Hay que esperar sumatoria oficial de las penas de cárcel

Gregorio Santos recibió tres condenas: 7 años y 4 meses por asociación ilícita, 8 años por colusión agravada en dos casos y 4 años por colusión simple.

Durante el juicio, que duró 280 audiencias en tres años, el fiscal Walter Delgado sostuvo que Santos y los otros cometieron los actos ilícitos en concurso real de delitos.

El concurso real permite sumar las penas, con lo cual Santos habría recibido una condena de 19 años y 4 meses de prisión, pero en el adelanto del fallo el juez no precisó este punto.

El concurso real señala que la pena total no debe pasar de 35 años o el doble del delito más grave: colusión. Pero no se precisa si el tope es el doble de la pena máxima del delito o la pena impuesta por ese delito grave: 8 años, con lo cual el tope es 16 años.

Exceso

Cajamarca. Colaboradores de Gregorio Santos insistieron en su inocencia y se quejaron de que la pena es un exceso. Su defensa ha anunciado que espera la notificación del íntegro del veredicto para apelar y que un tribunal evalúa la acusación de la Fiscalía.