Año de justicia

El año 2020 debería ser un año estelar para la justicia en el Perú, luego de una etapa signada por malas noticias derivadas de mala decisiones. Es la oportunidad de voltear la página y dejar atrás un pasado que ha dañado al Perú.

Designada la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se inicia el plazo que la ley establece para que revise las decisiones del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en los casos en que existan indicios de graves irregularidades. Esto implica por lo menos a cinco vocales de la Corte Suprema y al fiscal supremo Gonzalo Chávarry, ratificado de oficio el 3 de julio del 2018, para asegurar que jure el cargo sin que haya obtenido el puntaje mínimo de 70 puntos.

La JNJ revisará lo actuado por el corrupto CNM desde el 1 de marzo del 2015 hasta su desactivación, es decir, la selección y nombramiento de 1.453 magistrados, 726 del Poder Judicial y 727 del Ministerio Público, y la ratificación y evaluación de 741 magistrados.

La JNJ deberá resolver además los casos que le presenten la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno respecto a los jueces y fiscales vinculados al grupo criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, en el que se encuentra la inédita situación del fiscal supremo Tomás Gálvez, con impedimento de salida del país e investigado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal. Es obvio que su presencia es incompatible con la función de la Fiscalía.

La JNJ debe entregarle al país en el más breve plazo una nueva Corte Suprema y una nueva Junta de Fiscales Supremos, resultado de la designación de por lo menos 10 jueces supremos y 4 fiscales supremos, un hecho que debe cambiar radicalmente la administración de justicia. Si no lo hace, el nuevo Congreso tiene la obligación de encarar nuevamente la idoneidad de sus integrantes, porque la JNJ no puede repetir la historia del CNM.

En otro registro, el inicio del año judicial debe ser la oportunidad para la adopción de compromisos identificados y detallados de reforma de la administración de justicia por parte de la Comisión de Reforma creada el año pasado y presidida por el presidente de la República. Cada institución que integra esta Comisión debería asumir un programa de cambios, la mayoría de los cuales requieren ser financiados, un aspecto que precisa de otro compromiso claro del Ejecutivo. Sería esta la ocasión ideal para que el TC retorne al seno de dicha Comisión de Reforma, sustraído de ella por el expresidente de ese organismo. Ahora se sabe por qué razones.