Tal como lo había anunciado el presidente de la República, Martín Vizcarra, el Consejo de Ministros tiene previsto debatir este lunes un paquete de normas que modificará la legislación laboral. Algunos de los cambios que surgen como respuesta a la muerte de dos jóvenes trabajadores de McDonald’s tendrán puesto el énfasis en aspectos relacionados a la salud y seguridad en el trabajo.
En principio, el encuentro estaba previsto para el miércoles de esta semana, día en que regularmente se realizan las reuniones de ministros. Sin embargo, debido la importancia del tema y al feriado navideño, se decidió adelantar la sesión para el lunes 23 de diciembre.
Según fuentes del Poder Ejecutivo, el paquete de normas se aprobará vía decreto de urgencia, dada la facultad legislativa que tiene el gobierno tras la disolución del Congreso.
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La República también pudo conocer que dicho paquete ya superó la fase de análisis de impacto regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés), que está a cargo de los técnicos del Ministerio de Justicia (Minjus).
También se pasó la revisión de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV), instancia donde se debaten las normas de carácter multisectorial.
Una de las normas por modificar será el Decreto Supremo Nº 007-2017-TR, que introdujo a la Ley General de Inspección del Trabajo una prohibición que limita la capacidad de Sunafil.
A la letra, el Art. 3 de ese decreto señala que “dentro de un mismo año fiscal, la Autoridad Inspectiva de Trabajo (Sunafil) no podrá programar más de una orden de inspección sobre una misma materia y respecto del mismo sujeto inspeccionado”.
En el Ejecutivo se interpreta que ese artículo impide verificar si las empresas han corregido las deficiencias encontradas en una primera inspección. La desventaja de ese artículo ya había sido advertida por el gremio de trabajadores de Sunafil.
Otro cambio importante está referido al seguro de vida. En la actualidad, en virtud del DL Nº 688, los empleadores están obligados a contratar un seguro de vida para los trabajadores cuando estos cumplen 4 años en el centro laboral.
Dicho seguro permite que, por muerte natural de la persona, los beneficiarios reciban una indemnización equivalente a 16 remuneraciones. El pago se eleva a 32 remuneraciones cuando se trata de una muerte accidental o invalidez total y permanente.
En el Poder Ejecutivo se cree que esta norma es incongruente con la realidad, pues existen trabajos en los que la persona está en riesgo desde el día en que empieza sus labores.
Entre otros temas, el Ejecutivo incluiría cambios a la multa máxima aplicable a las empresas, que hoy es de 45 unidades impositivas tributarias. También se busca un mecanismo para agilizar la indemnización a las familias, que solo recibirían ese pago si el Poder Judicial ordena la reparación civil.
En esta edición, el premier Vicente Zeballos también habla de este tema (pág. 13).
La evaluación realizada por el Poder Ejecutivo concluye también que es necesario incrementar el presupuesto de Sunafil, para que la entidad pueda fortalecer sus capacidades fiscalizadoras. En la actualidad, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Perú solo existen 0,2 inspectores por cada 10.000 empleados, cifra muy por debajo del estándar. Sunafil realizó este fin de semana operativos en 22 regiones.