Contraloría halla irregularidades en contratos entre Abanto y el Congreso por S/99 mil
De acuerdo al informe de la Contraloría, Humberto Abanto realizó trabajos para el Parlamento, aunque los contratos fueron emit
La Contraloría General de la República ha señalado que en el Congreso hubo una afectación al principio de legalidad de las contrataciones, en relación con la labor que brindó Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama y vinculado al caso Arbitrajes.
El informe de auditoría del periodo del 2 de junio de 2017 al 31 de octubre de 2018, al que tuvo acceso La República, indica que Abanto Verástegui trabajó para Parlamento pese a no haber una orden de servicio –“que hace las veces de contrato”–, aunque estas se otorgaron después que realizó su labor.
La labor en específico fue para la “defensa de los procesos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”, laborando con la Oficina de Defensa de las Leyes.
“Se ha constatado que la Oficina de Defensa de las Leyes, vulnerando las formalidades y procedimientos establecidos en la normativa vigente, utilizó los servicios del abogado Humberto Abanto Verástegui sin contar con la respectiva orden de servicio, otorgando luego la conformidad de la prestación, ocasionando una afectación al principio de legalidad de las contrataciones”, señala el informe de la Contraloría.
Estos contratos son las órdenes de servicio 1035 (23 de agosto de 2018), 1106 (13 de septiembre de 2018) y 1113 (17 de septiembre de 2018). Los pagos recibidos fueron por 33 mil soles por cada contrato, un total de 99 mil que le entregaron a Humberto Abanto. Sin embargo, se detectó que en fechas previas se había presentado al TC, entre el 8 al 14 de agosto, “la contestación de las demandas de inconstitucionalidad”, mientras el 21 de ese mes se acreditó a Abanto ante esta institución, realizando un informe oral tres días después.
Por ello, la Contraloría indica que se evidencia que no había, en el momento de las labores de Abanto, un contrato “en el cual se establezcan las condiciones, plazos y costos del servicio”.
Luis Mejía Lecca, extesorero de Fuerza Popular, fue el responsable de la contratación del abogado, dado que era jefe de la Oficina de Defensa de las Leyes.
La conclusión señala que esta área del Parlamento “utilizó los servicios de Humberto Abanto a través de las órdenes de servicios 1035, 1106 y 1113 cuando aún no habían emitido las respectivas órdenes de servicios, habiendo firmado posteriormente la conformidad de servicio, ocasionando una afectación al servicio de legalidad de contrataciones”.
Informe de la Contraloría.
Sobre el informe, Abanto indicó a Canal N que “no es inusual que se hagan actos en vía de regularización cuando hay urgencia en la prestación de servicios. Es una simple irregularidad administrativa, no constituye una violación del principio de legalidad contra lo que dicen los auditores de la Contraloría”.
Su labor estuvo relacionada con los temas de propaganda del Estado y el impedimento para que los alcaldes y gobernadores puedan reelegirse inmediatamente, aspectos que se revisaron en el Tribunal Constitucional.