Guardar silencio ante fiscales es la nueva estrategia de cúpula fujimorista
Concertación. Después que varios testigos los incriminaron, Jaime Yoshiyama, Pier Figari, Keiko Fujimori y José Chlimper, el 18, 19, 25 y 26 de noviembre, respectivamente, resolvieron callar ante preguntas de fiscales del Equipo Especial.
Ya son cuatro los dirigentes fujimoristas en acogerse al derecho a guardar silencio ante las preguntas de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.
Si bien el derecho al silencio está consagrado constitucionalmente, y las autoridades no pueden utilizar esta decisión en contra de los imputados, de acuerdo con fuentes de La República relacionadas con el Equipo Especial, se trataría de una nueva estrategia de defensa de líderes activos y retirados de la cúpula de Fuerza Popular, dentro de la investigación por presunto lavado de activos.
Son ellos, la presidenta del partido, Keiko Fujimori; el exsecretario de Organización, Pier Figari Mendoza -con prisión preventiva-, y los ex secretarios generales, Jaime Yoshiyama Tanaka y José Chlimper Ackerman, quienes, además, tuvieron participación en la administración de los fondos de financiamiento de las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
No debería llamar la atención que Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Pier Figari y José Chlimper hayan resuelto no contestar a las preguntas de los fiscales del Equipo Especial. Pero es llamativo que adoptaron dicha determinación luego que testigos clave como Jorge Yoshiyama Sasaki y Luis Mejía Lecca revelaron información que implica gravemente a los cuatro.
Keiko Fujimori prefirió guardar silencio.
Jorge Yoshiyama reveló que Keiko Fujimori tenía pleno conocimiento de los aportes a la campaña de 2011 e incluso de los fondos donados por la constructora brasileña Odebrecht. También afirmó que la excandidata presidencial intervino en la operación de encubrimiento de los falsos aportantes, con la expresa finalidad de obstruir la investigación del Equipo Especial.
Por su parte, el ex personero legal, extesorero y ex asesor legal del partido fujimorista, Luis Mejía Lecca, señaló que Keiko Fujimori era la jefa absoluta del partido y todas las actuaciones de sus dirigentes eran aprobadas por ella. Mejía destapó que en coordinación con la mano derecha de Keiko Fujimori, Ana Herz de Vega, sustrajeron documentos del local de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, en Los Morochucos, Surco, y lo trasladaron a la residencia de Herz, donde se incineraron las evidencias para que no fueran incautadas por el fiscal José Domingo Pérez.
En el caso de José Chlimper, este ha preferido el silencio después que el empresario Abraham Zavala Chocano, gerente de la Cadena de Radios del Perú, declaró a los fiscales que antes de la segunda vuelta de la campaña presidencial de 2011, le entregó US$ 266 mil en efectivo para contratar avisos.
Anteriormente, el exgerente de Radioprogramas del Perú, Hugo Delgado Nachtigall, manifestó a los fiscales que Chlimper le dio US$ 210 mil al cash en el mismo periodo electoral. Chlimper negó lo dicho por Delgado, pero el empresario presentó a varios testigos que ratificaron la versión. El nuevo testimonio de Abraham Zavala, la posición de José Chlimper es mucho más grave.
El primero en acogerse al silencio fue Jaime Yoshiyama, el 18 de noviembre; después, Pier Figari, el 19 de noviembre; siguiéndole Keiko Fujimori, el 25 de noviembre; y José Chlimper, el 26 de noviembre.
No es una casualidad.
Despiece
Dos interpretaciones sobre la decisión fujimorista:
“Por supuesto que se trata de una estrategia concertada que se hayan acogido al silencio simultáneamente Keiko Fujimori, Jorge Yoshiyama, Pier Figari y José Chlimper. Porque no se trata de un investigado en particular sino de un grupo de investigados que tienen una ubicación muy importante en el contexto de la investigación de los fondos de Fuerza Popular. Se abstienen de declarar para ganar tiempo”, dijo el penalista Luis Lama Puccio.
“El derecho a no declarar no puede ser utilizado en contra del investigado. Es una expresión del derecho de defensa y de su estrategia de defensa, que quedaría fútil si se le diera un alcance de indicio incriminador o de culpabilidad. El Estado tiene mecanismos para impedir el entorpecimiento a la acción probatoria, por lo tanto, el derecho a guardar silencio no debe enterderse como la obstaculización”, señaló la penalista Tania Quiroz Cárdenas.
