
Kleber Sánchez
La Sala Penal de Apelaciones de Puno en dos semanas emitirá resolución judicial de si acepta o rechaza la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de sentencia en contra de Walter Aduviri Calisaya. El aún gobernador cumple la pena de seis años de cárcel por su participación en la asonada del Aimarazo.
Su defensa, Pablo Abdo, en la audiencia realizada ayer, hizo hincapié en el principio de pluralidad de instancia. Se refirió a que toda persona procesada, mientras no tenga una sentencia firme, puede recurrir al recurso de apelación y casación. Mientras esto se resuelva, el imputado puede estar en libertad.
Sin embargo, la fiscal Guadalupe Manzaneda recordó que el imputado no cumplió las reglas de conducta que impuso el juzgado, lo que es una muestra de peligro de fuga. Por ende, sostuvo, se debe negar el pedido de la defensa. En otro momento, Abdo alegó que antes de imponerse a Aduviri medidas coercitivas (prisión preventiva y sentencia condenatoria en primera instancia) tuvo arraigo laboral y domiciliario, pues actualmente sigue siendo gobernador regional, ya que aún no fue suspendido.
El abogado también alegó que Aduviri es un indígena y/o comunero y que según el convenio 169, estas personas no deben ser sometidas a la justicia ordinaria y se prohíbe encarcelarlas, por lo que solicita que se imponga una pena alternativa.
Al respecto, la fiscal dijo que un gran sector de la población de la región tiene origen quechua y aimara, pero que aún así la justicia ordinaria sentenció a algunos por cometer delitos. Por ello Aduviri debe ser sometido a la justicia ordinaria.





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