Odebrecht: Luis Nava y sus hijos pidieron retomar el control de sus propiedades

Luis Nava Guibert, con prisión preventiva por 36 meses desde abril pasado por el caso Odebrecht, sustentó una apelación este viernes, en compañía de otros coinvestigados, ante el Poder Judicial con la finalidad de recuperar el control de algunos inmuebles.

En este sentido, sus hijos Luis y Jean Pierre Nava Mendiola así como el tío de estos Carlos Nava Guibert, junto a Rodrigo Pérez Albela (extrabajador de Transportes Don Reyna), impugnaron la resolución del 3 de abril del 2019 que inhibía sus bienes.

El estudio jurídico Nava y Huesa Abogados, vinculado según la Fiscalía por haber transferido presunto dinero de la ‘Caja 2’ de Odebrecht a la empresa Don Reyna, también apeló. La resolución judicial, entonces, ordenaba la prohibición de gravar, alquilar o vender propiedades en poder de los investigados por el presunto delito de lavado de activos.

Acerca de los nexos que habrían tenido estos con el supuesto esquema de lavado de activos durante el segundo gobierno de Alan García, el fiscal superior Hernán Mendoza destacó que Carlos Nava Guibert fue accionista minoritario de la empresa Transportes Don Reyna.

Cabe precisar que esta empresa tiene 65 vehículos inhibidos desde el 22 de agosto último, también por haber sido supuestamente instrumentalizada para “blanquear” dinero de procedencia ilícita.

En 2008, la persona jurídica contrató con el consorcio Conirsa, integrada por Odebrecht para alquilar máquinas durante la construcción de los tramos 3 y 4 de la Interoceánica Sur. También aumentó 300 veces su capital hasta llegar a los S/4 millones durante la gestión de García como jefe de Estado.

Como parte del tercer nivel de testaferros de la imputación fiscal, figuran también José Nava Mendiola y sus hermanos Luis y Jean Pierre. Rodrigo Pérez Albela, quien trabajó en Transportes Don Reyna entre el 2012 y 2013, también se encuentra investigado en el caso por la apertura de una cuenta corriente en el BCP para el pago a otros proveedores.

Respecto al estudio Nava y Huesa Abogados, este dio asesorías civiles, penales y laborales a Odebrecht entre abril de 2006 y noviembre del 2007. Por ello recibió más de S/35 mil de la constructora brasileña que, según aseguró el abogado del bufete, fueron bancarizados.

Es preciso acotar que las medidas de inhibición impuestas a los investigados por el caso Odebrecht atienden a un eventual pago de reparación civil al Estado y un aparente riesgo de que transfieran o desaparezcan sus bienes.

La Sala de Apelaciones Anticorrupción, tras escuchar los alegatos de los abogados, decidió emitir su decisión en el plazo de ley. La audiencia fue dirigida por el juez superior Ramiro Salinas Siccha.