Susana Villarán: Incluyen a Lamsac y a OAS de Perú y Brasil en proceso en su contra

La empresa OAS, tanto de Brasil como del Perú, más la concesionaria Lamsac, serán incluidas en el caso contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, como terceros civilmente responsables.

La decisión corrió por cuenta del juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Jorge Chávez Tamariz, quien decidió declarar fundado el requerimiento de la Procuraduría Pública, que buscaba incluir a las empresas en el proceso por la presunta recepción de dinero ilícito por parte de Villarán para sus campañas electorales a cambio de favorecerlas con contrataciones del municipio capitalino.

La decisión del magistrado que instruye el caso de Susana Villarán se complementa con la que el pasado 19 de setiembre tomó al aprobar el incremento del pago de una reparación civil por un total de 20 millones de dólares, en el caso que, además de la exalcaldesa, comprende a otras 17 personas más.

El requerimiento de la Procuraduría Pública fue presentado inicialmente por el procurador ad hoc Jorge Ramírez; sin embargo, fue la adjunta Nory Vega Caro quien sustentó el pedido ante el juez Chávez Tamariz.

El pasado 27 de setiembre, La República reportó que tanto OAS Matriz Brasil y OAS Sucursal Perú, no se opusieron a compartir el pago de la reparación civil. Por el contrario, Lamsac se opuso a la pretensión.

Lamsac, sin embargo, es una pieza importante en las pesquisas que siguen tanto el Ministerio Público como la Procuraduría, pues sostienen que existe una responsabilidad de la empresa, ya que así lo consideran corroboraron colaboradores eficaces.

En un comunicado, la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato aclaró que el presunto lavado de activos se dio en el financiamiento de las campañas por el No a la Revocatoria y para la reelección que tentó Villarán en el 2014.

En específico, la decisión del Poder Judicial, explicó la Procuraduría, permitirá que “las mencionadas empresas” asuman “de manera solidaria con los investigados el eventual pago de una reparación civil por los daños causados al Estado peruano y los ciudadanos”.

“En este proceso penal, el despacho del procurador ad hoc Jorge Ramírez ha solicitado hasta el momento la suma de US$20 millones como reparación civil. Dicho monto es de carácter preliminar y podría aumentar más adelante conforme se constaten más daños producto de las investigaciones”, indica la Procuraduría.