Jueza de Tacna decide no enviar a prisión a Los Saqueadores de Ilabaya

Liz Ferrer

Los presuntos integrantes de la organización criminal Los Saqueadores de Ilabaya enfrentarán la investigación en libertad. La fiscalía solicitó prisión preventiva por 36 meses para siete implicados, entre ellos el exalcalde del distrito de Ilabaya, Luis Cerrato Tamayo.

También se salvaron de estar tras las rejas los exregidores Leonidas Mamani Chipana, Marcelino Quispe Calderony y Olson Manuel Carpio López; además de los exfuncionarios José Luis Arocutipa Mamani, Hugo Hernán Aduvire Soto y Carlos Mendoza Herrera. Todos ellos, acusados por los presuntos delitos de organización criminal, peculado y cohecho.

Cerrato, Arocutipa y Mendoza deberán pagar, cada uno, una caución de 300 mil soles en un plazo de 48 horas; mientras que, para los tres concejales y Aduviri, será de 10 mil soles cada uno. Todos deberán cumplir reglas de conducta, como firmar el cuaderno en el Poder Judicial cada 30 días. Además, no podrán salir del país, mientras el fiscal del caso, Ludwing Flores, realiza las diligencias.

El depósito de garantía para los regidores fue un monto menor, debido a que no se encontraron mayores elementos que los impliquen en la organización, alegaron sus defensores. Algunos anunciaron que apelarán el monto de la caución por considerarlo alto.

Retraso

La jueza Olga Cortez retrasó por cuatro horas y media el inicio de la lectura de su resolución. La cita fue programada para las 14:00 horas, pero la audiencia arrancó a las 18:30 horas en la sala de justicia de Locumba, en la provincia Jorge Basadre.

Para el fiscal Flores, la magistrada Cortez debió dictar prisión preventiva. “No se puede resolver algo si en el caso de uno de ellos hay peligro de obstaculización. Debió darles prisión preventiva”, sostuvo.

Flores anunció que apelarán la decisión en estos tres días de plazo para sustentar nuevamente su pedido.

Los familiares de los detenidos, entre ellos los del exburgomaestre Cerrato, celebraron la decisión en las afueras de la sede judicial de Locumba. Finalmente, los implicados subieron al bus que los condujo hasta la ciudad de Tacna.

La fiscalía estima que el perjuicio económico en Ilabaya, detectado hasta ahora, pasa de los seis millones de soles. La investigación del caso inició en el 2016, pero recién se pudo contar con testigos codificados en 2019, los que aportaron información relevante. Los testigos pusieron al descubierto—según la fiscalía— un sistema de corrupción que nació en 2015.

Para jueza no hay peligro de obstaculización

El fiscal Ludwing Flores salió tranquilo de la sala, pero con tono tajante anunció la apelación. Explicó que, según la jueza, se comprobó, en el caso de los funcionarios, que sí existen los requisitos de gravedad de la pena (supera los 15 años) y sospecha fundada (indicios que involucran a los investigados).

Sin embargo, para la magistrada, no se ha demostrado que los detenidos podían obstaculizar la investigación. Eso para el fiscal es una contradicción.