Agenda “antiprensa”

El Informe anual sobre la libertad de expresión en el Perú 2019, presentado por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), señala que en nuestro país existen tres principales frentes de agresión a la libertad de expresión como derecho de los ciudadanos, medios de comunicación y periodistas. Estos frentes son el aparato legislativo, las querellas por difamación y la impunidad judicial.

El CPP sostiene que en el Perú se ha fortalecido la agenda legislativa ‘antiprensa’ desde el Congreso de la República, como respuesta al periodismo de investigación sobre los casos de corrupción. En represalia a estas actividades, se presentaron en los últimos años varios proyectos de ley con el objetivo de amordazar a los periodistas, aunque algunos fueron retirados debido a la reacción de la sociedad.

El intento más reciente es el proyecto de ley de colegiatura obligatoria de periodistas; otra iniciativa propone ampliar la pena de cárcel por difamación de un máximo de tres años actual a un rango de entre cuatro y siete años; y en esa tendencia se inscribe la reciente decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de crear un grupo de trabajo que investigue a las empresas encuestadoras, en respuesta a los sondeos de opinión que muestran que los ciudadanos respaldan mayoritariamente el adelanto de elecciones.

La SIP ha recibido en el citado informe una detallada relación de 16 casos de amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación. Una de las modalidades son los plantones y escraches en las sedes de los medios de comunicación como La República, El Comercio e IDL Reporteros, hostigados por el grupo ultrarradical denominado La Resistencia, de clara identidad fujimorista, el mismo grupo político que domina el Congreso de la República.

Otros casos de grave ataque es el que se dirige contra los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, este último columnista de este diario, desde el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana en represalia por sus investigaciones sobre abusos sexuales.

El informe del CPP constituye el primer paso de una denuncia internacional que documenta las campañas de sectores violentos que actúan en distintos escenarios pero que ejecutan un solo discurso de hostilidad a los medios. Desde el Congreso o en las calles, la represión de la libertad de expresión es un objetivo político de grupos que responsabilizan a los medios y a los periodistas de los procesos judiciales que se les inicia por casos de corrupción.