Becerril: caso porcelanato sin resolverse en el Congreso

Por: Carlos Aguilar Ávila

Han trascurrido seis meses desde que la empresaria Mirtha González Yep denunció que el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril le pidió material de construcción por más de 74 mil soles, como medio de pago de una coima para así ayudarla a ganar en una licitación.

La denuncia fue difundida en Cuarto Poder el 17 de febrero de este año. El mismo mes, la Comisión de Ética, que preside Janet Sánchez, abrió una indagación preliminar. Pero recién en abril este caso pasó a la etapa de investigación.

Desde entonces, este caso, conocido también como “Porcelanato”, sigue sin un informe final en la Comisión de Ética. Janet Sánchez, presidenta del grupo, solo informó que están redactando dicho documento.

Por lo pronto, en la Comisión de Ética están a la espera de que el Pleno ratifique la decisión de la Junta de Portavoces sobre la recomposición de dicho grupo especial.

Luego de ello, esta comisión podrá sesionar y se estima que sesione el 16 de setiembre, fecha en la que se pondría al voto el informe final del caso Becerril.

La máxima sanción que podría recibir Becerril es la suspensión por 120 días, si se mantiene el rigor que se tuvo para los últimos cuatro legisladores sancionados. El caso también podría ser enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Becerril ya se ha salvado de ser investigado e incluso desaforado gracias al voto de fujimorismo y del Apra. El congresista fue acusado en Ética y en la Subcomisión de querer interferir en nombre de Fuerza Popular en las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Este caso fue archivado con votos del aprofujimorismo.

Agenda pendiente

En tanto, también Ética pondrá en agenda las audiencias sobre los casos de Richard Acuña (Alianza Para el Progreso) y Jorge Castro (Contigo).

Acuña es acusado de un presunto tráfico de influencias por asistir a una cita en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria en representación de una de sus universidades privadas.

Castro fue denunciado por exigir a sus trabajadores diezmos. Es más, una excolaboradora reveló que con su sueldo costeaba los gastos de una de sus oficinas descentralizadas.