OCMA pide que Sala Plena de la Suprema pueda destituir jueces

Por: César Romero

La desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la no instalación de la Junta Nacional de Justicia está generando un caos en la administración de Justicia. Hoy no hay quien nombre nuevos jueces titulares ni evalúe ni sancione a los magistrados que cometan actos indebidos en el ejercicio de sus funciones. Para paliar en algo esta situación, el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA) pidió al Congreso que atienda el pedido para otorgar facultades extraordinarias a la Sala Plena de la Corte Suprema para que atienda las propuestas de destitución por falta grave.

El 2018 se presentaron 43 propuestas de destitución y, en lo que va del 2019, ya se han formulado otras 35 pedido de destitución. En total, 78 solicitudes que no hay quién atienda.

En estos números aún no están incluidos los jueces vinculados a la red de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, cuyas investigaciones siguen en trámite y de concluir no hay quién realice la destitución. Los 78 pedidos de destitución, según fuentes de la OCMA, son casos descubiertos con anterioridad al escándalo de los audios.

Los pedidos de destitución de magistrados formulados por la OCMA están referidos a cobro indebido por emitir resoluciones judiciales, falsificación y/o adulteración de documentos, corrupción de funcionarios, motivación inadecuada de sentencias, avocamiento indebido, negligencia e incumplimiento de los deberes del cargo.

La OCMA solo puede investigar y, de confirmar los hechos indebidos, suspender y pedir la destitución. “Nosotros no podemos destituirlos, la ley nos prohíbe, eso correspondía al CNM, pero en vista de que se encuentra desactivado por los hechos conocidos, no podemos quedarnos sin que esto sea ejecutado o revisado por otra instancia; y por ello pedimos el otorgamiento de facultades extraordinarias”, ha declarado el doctor Walde Jáuregui.

La OCMA solo puede suspender a los jueces por un año, mientras realiza la investigación disciplinaria. Al cabo de ese periodo, los magistrados sospechosos de inconducta funcional pueden retomar sus funciones.

La iniciativa legislativa plantea otorgar facultades con carácter transitorio y excepcional, por 90 días, a la Sala Plena de la Corte Suprema para atender los pedidos de destitución. La medida funcionará hasta que se instale la JNJ. Según Jáuregui, mientras tanto, el equipo de magistrados contralores de la OCMA continuará desarrollando su labor preventiva, de investigación y proponiendo, en los casos, graves los pedidos de destitución.

Entre los pedidos de destitución planteados por la OCMA, este año están los de:

-Guhtember Pacherres Pérez, juez del 1° juzgado civil de la Corte de Cajamarca por solicitar 5.000 dólares a través de su suegro, un celular mini galaxy y una volquetada de material de construcción, en un proceso sobre prescripción adquisitiva de dominio.

-Edgardo Salvador Amez Herrea y Gregorio Bonifacio Arias Blas, jueces superiores de la 2° Sala Penal de Áncash por variar detención por comparecencia a Hugo Contreras Yguchi, sin cumplir los requisitos previstos en el Código Procesal Penal, evidenciando parcialización y vulnerando el debido proceso.

-Noemí Fabiola Nieto Nacarino, juez del 3° Juzgado Civil del Callao, por aclarar una resolución de una Sala Superior, modificando sustancialmente el sentido de la sentencia, para permitir que la embarcación Doña Licha II, del “rey de la pesca negra”, Óscar Peña siguiera pescando hasta que el Tribunal Constitucional resolviera la demanda de Amparo presentada a su favor por la empresa LSA Enterprises Perú SAC. Nieto Nacarino está involucrada en el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

-Daniel Genaro Ríos Ramírez, juez del 27 Juzgado Penal de Lima, buscó un relación extraprocesal con la madre de un agraviado en un proceso judicial por lesiones, enviándole mensajes de texto a su celular y llamándola al número fijo de su casa, que ella no le había proporcionado.

-Daniel Meza Hurtado, juez superior de la Sala de Apelaciones de Piura, por sus vínculos con el abogado Luis León More, cabecilla de las organizaciones criminales ‘Los Ilegales’ y ‘Los Injertos del Comandante Mela’, en Piura.

-Chiang Li Cruz Ramos, juez mixto del Datem del Marañón, en la Corte de Loreto, dispuso el secuestro conservativo y desposesión de hasta 99,8 kilos de oro pertenecientes a la compañía minera Sumaj Orkro, representada por Alberto David Miranda Pando, que se encontraban retenidos al interior de la empresa de transportes blindados Hermes.

Es urgente instalar y activar la JNJ

- No se sabe cuándo podrá instalarse la Junta Nacional de Justicia, y en el mejor de los casos podría ser en abril del 2020. La Comisión Especial encargada de seleccionar a sus integrantes aún no convoca a un eventual segundo concurso y no es seguro que con este se alcance el objetivo.

- La falta de la JNJ también impide que se instale la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, que reemplazará a la OCMA y a la Fiscalía Suprema de Control Interno.