
Por: Enrique Patriau
Tal como se había adelantado desde la semana pasada, el debate del proyecto sobre el adelanto de elecciones para el 2020 empezará bastante demorado.
Ayer se instaló la Comisión de Constitución, en donde se debe abordar la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo el 31 de julio.
A pesar de la solicitud de varios legisladores como Gino Costa (Bancada Liberal), Patricia Donayre (Unidos por la República) y Jonhy Lescano (Acción Popular), entre otros, a fin de que se establezca un cronograma de trabajo, la presidenta de la comisión, Rosa Bartra (Fuerza Popular), levantó la sesión sin ningún acuerdo al respecto.
Tampoco se puso en consideración el pedido para que se sesione durante la semana de representación, programada del 22 al 28 de este mes, que es cuando los legisladores viajan a sus respectivas regiones.
Por eso, Constitución volverá, recién, a reunirse el martes dos de setiembre. Es decir, todo un mes perdido. La idea original del gobierno era que la discusión de la iniciativa iniciara en agosto.
Los plazos van ajustados. Luego de la votación en el Pleno (asumiendo que la reforma constitucional sea aprobada), hay que convocar a un referéndum. El Ejecutivo había propuesto que este se celebre en la última semana de noviembre, de modo que la convocatoria a las elecciones generales se realice en diciembre. No significa que no se alcancen los plazos. Lo que sí está claro es que todo se va a complicar.
Normalmente, la instalación de una comisión ordinaria es un acto protocolar, en el que se plantean ideas generales de lo que será la agenda y se conforman los equipos de trabajo. No se entra a un debate de fondo sobre ningún asunto en particular. Sin embargo, dada la coyuntura, varios congresistas pidieron la palabra para proponer sesiones permanentes con el fin de que se pueda cumplir con los plazos y tomar una pronta decisión sobre el proyecto de reforma constitucional que acorta, por esta única vez, el plazo presidencial y congresal de cinco a cuatro años.
Por ejemplo, se mencionó que podía ir ganándose tiempo si se cursaba invitación para esta misma semana al premier, Salvador del Solar; y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para que puedan explicar las razones de la propuesta de adelanto de elecciones.
Luego, y antes de que acabe agosto, también se podría haber convocado a los jefes de los organismos electorales (Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec) y a expertos constitucionalistas para que opinen sobre la viabilidad de la propuesta de Palacio.
De este modo se podría haber llegado a setiembre con un avance importante, restando el debate interno de la comisión previo a un dictamen final.
Pero Bartra, secundada por sus colegas de bancada como Luz Salgado y Héctor Becerril, dio por concluida la sesión, sin que se alcanzara decisión alguna sobre cuál será el camino que se recorrerá, en materia de plazos y prioridades.
En realidad, cuando Constitución sesione por primera vez, el martes tres de setiembre, todo estará por hacerse. Es más, ni siquiera existe la seguridad de que ese día inicie el debate sobre los comicios del 2020.
Debe recordarse que el fujimorismo retuvo Constitución y, en contrario a la práctica parlamentaria de no repetir presidencias en comisiones de importancia, puso de nuevo a Bartra al frente de la misma. Esto fue interpretado como que en FP no hay interés en que el proyecto de reforma constitucional avance de manera rápida. El Apra también ha adelantado su opinión, en el sentido de que no debe haber elecciones generales el año entrante. De hecho, Javier Velásquez Quesquén defendió la idea de que intercambiar ideas sobre el cronograma de trabajo no era lo adecuado durante una sesión de instalación.
“FP y aliados rechazaron iniciar debate de adelanto de elecciones. La estrategia es clara: dilatar para encarpetar”, dijo Costa. Y hacia ahí se parece ir.
- La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, sostuvo que los proyectos presentados por el Ejecutivo recibirán el tratamiento que indica el Reglamento del Congreso.
- “Todos los proyectos del Ejecutivo tienen un tratamiento de acuerdo al reglamento, que establece prioridad. Hay otros proyectos derivados del Ejecutivo que están en espera y que tienen el mismo carácter de prioridad”, afirmó la congresista de Fuerza Popular.





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