Cuando la justicia es más que complaciente con los investigados por corrupción

Lambayeque. Luego que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo condenara a 31 personas involucradas en el caso “Los Temerarios del Crimen”, con penas de cárcel suspendidas inferiores a los 4 años, tras acogerse a la cuestionada terminación anticipada, dos reconocidos abogados penalistas analizan los beneficios de este procedimiento y el simbolismo que tiene esta figura procesal para la administración de justicia.

Los investigados por este caso de corrupción que se gestó en la municipalidad de Chiclayo, cuando era alcalde David Cornejo Chinguel (hoy preso en el penal de Chiclayo), accedieron a este beneficio de la reducción de la pena (1/6 de esta no se aplicó) por los delitos de colusión simple, cohecho activo genérico, entre otros. Es decir, pagaron coimas para favorecerse con obras o para conseguir licencias de manera irregular, pero hoy gozan de su libertad gracias a la criticada terminación anticipada.

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Sin graves indicios

“Las penas suspendidas son resultado de que los investigados tuvieron actuaciones periféricas (en los ilícitos). Es decir, sus conductas no eran graves ni fuertes dentro de la organización criminal, y eso ha provocado varios acuerdos de terminación anticipada entre la Fiscalía y los imputados”, señala el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), José Balcázar Zelada.

“Las terminaciones anticipadas se han aplicado dentro del marco de la ley, pero se debe considerar una prisión efectiva para los involucrados en casos de corrupción; es decir, urge una reforma del Código Penal”, dice por su parte el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Carlos Martínez Oblitas.

Los dos especialistas coinciden en que las 31 condenas obtenidas por la Fiscalía en el caso “Los Temerarios”, mediante acuerdos de terminación anticipada, reflejan la falta de graves elementos de convicción en un número de imputados por delitos de corrupción y crimen organizado en la red que habría liderado el exalcalde Cornejo.

“Las terminaciones (anticipadas) están bien aplicadas, pues no había otra salida procesal para los investigados. Son personas que no tenían protagonismo relevante en la organización (criminal) y merecían una pena condicional (suspendida)”, dice Balcázar. El abogado penalista dice también que las penas suspendidas impuestas a los investigados son irrelevantes, pese a que no se les puede dar cárcel efectiva por ser agentes primarios de delitos.

“Varios imputados se merecían una pena suspendida porque tenían una o dos conductas desvaloradas (insignificantes), y no había un grave agravio contra el Estado”, añade Balcázar Zelada.

Una descripción con la que coincide Martínez Oblitas, quien subraya, sin embargo, que debe tenerse en cuenta que la prisión suspendida tiene un límite. “Solo se puede disponer una prisión suspendida si la pena por el delito no sobrepasa los cuatro años, y la mayoría de condenados recibió penas inferiores a este rango. El Congreso debe plantear propuestas para endurecer las penas a la corrupción, y con cárcel efectiva”, agrega.