Por: Henry Cotos
Tener una maleta con US$ 40 mil dólares al ser detenido fue decisivo para que el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, disponga que vaya a prisión durante el proceso de extradición en su contra. Hixson consideró que existe peligro de fuga pues esa cantidad de dinero da cuenta de una intención de movilizarse.
Con el traje rojo característico de los detenidos en EEUU, pero sin marrocas, Toledo escuchó con la cabeza gacha los argumentos de la fiscal federal Elise Lapunzina, quien postuló el riesgo de fuga del exmandatario. Argumentó que además del dinero efectivo que le fue encontrado, tendría acceso a más de un millón de dólares, pues el mismo Toledo declaró que con su esposa Eliane Karp poseen una casa en el Perú que tiene ese valor, según el mercado actual.
“El señor Toledo tiene acceso presuntamente a grandes cantidades de dinero, como se detalla en la solicitud de extradición. Y también, según la información que manejamos, tenía dinero en efectivo significativo en el momento que fue arrestado, y hay una gran cantidad de dinero, más de un millón de dólares, que no está siendo contabilizado en este momento”, dijo la fiscal.
Tras explicar que Toledo habría cometido los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, la fiscal advirtió que el peligro de fuga se profundiza debido a que en su calidad de expresidente “tiene contactos importantes con personas de poder en una multitud de países extranjeros”. Esas relaciones forjadas en su paso por la presidencia podrían facilitarle una vida cómoda en cualquier lugar del mundo.
Los argumentos de la fiscal parecían satisfacer al coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, a quien se vio asentir cuando Lapunzina dijo que Toledo ha evidenciado tener la intención y capacidad de evadir la justicia.
Añadió que, pese a ser consciente de los cargos en su contra, salió del Perú el 2017 y se quedó en Estados Unidos para no afrontar las denuncias.
Por si fuera poco, la fiscal federal recordó que el expresidente del Perú fue arrestado en el condado de San Mateo en marzo del 2019 por embriaguez pública, lo que implica que no ha tenido un registro limpio en los EEUU, por lo que pidió que no se tome en cuenta el pago de una fianza y vaya a prisión mientras se resuelve el proceso de extradición.
Lapunzina finalizó señalando que Toledo “no ha probado que cumple con las condiciones especiales para salir bajo fianza” y “es un fugitivo con riesgo de fuga, que debe seguir detenido y no ha viajado en estos años por el temor a la orden de arresto en su contra”.
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En su defensa, el abogado Joseph P. Russoniello descartó que haya posibilidad de fuga, pues tiene fuertes lazos con la comunidad del norte de California y aludió a un presunto prejuicio contra Toledo. “Él solo cree que encontrará justicia en cortes de Estados Unidos”, agregó.
Russoniello explicó que la maleta con dinero era para los gastos de Toledo y su familia, pues sus cuentas y bienes habían sido embargados.
Tras escuchar a ambas partes, el juez Hixson sostuvo que si Toledo huyera, sería un fracaso diplomático significativo de los EEUU en el cumplimiento de sus obligaciones, más aún si hay riesgo de huida con los US$ 40 mil hallados en su maleta.
40 mil dólares tenía escondidos Toledo en una maleta en su casa de California.
63.385 mil dólares transfirió Toledo desde Lima hasta California el 2016 .
US$ 5,3 millones fueron transferidos desde Costa Rica hasta Lima el 2012.
Eliane Karp descargó su ira contra fiscal Rafael Vela. Eliane Karp no pudo ocultar su frustración por la suerte adversa de Alejandro Toledo y a la salida de la audiencia la emprendió contra el fiscal Rafael Vela. “Mentiroso, hijo de p***. Eres un ladrón”, gritó, antes de que su abogado la retire del lugar rápidamente.
El fiscal Rafael Vela dijo estar satisfecho con la decisión del juez y remarcó que Toledo Manrique “no es un perseguido político”. “Los cargos que se le imputan son graves y son delitos tanto en el Perú como en los Estados Unidos”, subrayó el fiscal peruano.
Al término de la audiencia se convocó a otra diligencia para el 26 de julio a fin de decidir si el expresidente Toledo necesita defensa pagada por el Estado. Su abogado privado se habría retirado.