Audios permiten iniciar 86 nuevas investigaciones en “Cuellos Blancos”

Por César Romero

Al cabo de un año de la difusión de los audios que evidenciaron la corrupción en el sistema judicial, el trabajo inicial de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro han generado unas 86 nuevas investigaciones, a jueces, fiscales, políticos y empresarios.

Además, hay 20 personas con orden de prisión preventiva, entre jueces, abogados, empresarios y un operador político. De ellos, 18 cumplen la medida de restricción en cárcel y dos se encuentran prófugos de la justicia: el abogado Marcelino Meneses, oculto en Estados Unidos, y el exjuez supremo César Hinostroza, a la espera de extradición de España.

Del Callao para el Perú

Las fiscales del Callao, hoy integradas a un Equipo Especial, comenzaron con un caso pero ahora tienen cuatro investigaciones sobre venta de expedientes y de decisiones judiciales; casos aún en reserva, por lo que pronto habría novedades.

Los más de 100 mil audios de conversaciones telefónicas grabadas con autorización del juez Cerapio Roque Huamancondor, y las declaraciones de aspirantes a colaboradores, testigos protegidos y revisión de expedientes, han dado luz a otras investigaciones de corrupción.

El primer informe que la fiscal Castro remitió a la Fiscalía de la Nación, en agosto del 2018, ha generado 20 indagaciones a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos.

Pablo Sánchez investiga los casos que incluyen a altos funcionarios con derecho de antejuicio, como los consejeros Orlando Velásquez, Iván Noguera, Guido Águila, a los jueces supremos Martín Hurtado, Ángel Romero y Duberlí Rodríguez, a los fiscales supremos Pedro Gonzalo Chávarry y Tomás Gálvez, entre otros.

Congreso de trabas

Sin embargo, el antejucio está generando problemas, pues se necesita autorización del Congreso para procesar a los magistrados. La fuerza mayoritaria en el parlamento ha convertido al Congreso en un tribunal que requiere pruebas y corroboración, para autorizar el juicio.

La idea original del antejuicio era verificar que el proceso o solicitud para investigar no tuviera intencionalidad política. Pero hasta hoy el Congreso solo autorizó un caso, que incluyó a Hinostroza, Águila, Noguera, Velásquez y Gutiérrez. Ha dicho no en el resto de casos, por supuesta falta de pruebas.

Una vez que el Congreso autoriza el juicio, los casos pasarán al despacho del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón.

Jueces empresariales

Además, el despacho de Fernández ha generado otras 47 investigaciones a jueces, fiscales y empresarios. Este miembro del Ministerio Público veía casos de corrupción, por lo que los audios le permitieron generar nuevos casos, al complementar con la información que ya tenía.

Los empresarios están cayendo porque pagaban por ganar los juicios e incluso, al haberse infiltrado en el CNM, lograban que sus abogados fueran nombrados jueces para ver sus propios casos.

El equipo de Fernández abrió nuevos procesos, la mayoría aún en reserva. De lo que se ha podido conocer, en un nuevo caso se descubrió una célula de jueces de Lima que habrían estado al servicio del empresario Mario Mendoza para solucionar sus juicios inmobiliarios.

Luego, en otro caso se descubrió la intervención de Daniel Peirano, Walter Ríos y el fiscal del Callao Carlos Sáenz negociando la devolución de barras de oro. Siempre en la mira, nunca atrapado, este podría ser el final de Peirano.

En otro caso se determinó la participación de tres magistrados de Lima para lograr que el juez Fernando Salinas Valverde emita una medida cautelar a favor del empresario César Dongo Soria Phillip.

Ahora, todos estos casos dispersos tendrán una estrategia conjunta. Hay procesos en las fiscalías anticorrupción del Callao que corrían riesgo de perderse. Al pasar a un solo equipo de trabajo se esperan más novedades.

Equipo Especial para optimizar los recursos

- La designación de un Equipo Especial para el caso “Cuellos Blancos” respondió a la naturaleza y magnitud de los delitos investigados, y la cantidad de involucrados, a fin de compartir información y optimizar los escasos recursos. También permite avanzar en medidas innovadoras, como las adoptadas por la Fiscalía Suprema que permita, ante la ausencia de la Junta Nacional de Justicia, suspender en el ejercicio de sus funciones a los jueces y fiscales involucrados en actos de corrupción, lo que de otra manera podrían seguir resolviendo causas.

- La Fiscalía Suprema logró que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, aplique el Código Penal para suspender en sus funciones a los jueces Saúl Beltrán Reyes, Luis Paredes Narva, Ricardo Chang y el fiscal Carlos Sáenz vinculados a los “Cuellos Blancos”. Pero también al fiscal supremo adjunto Sandro Paredes y el fiscal Abel Concha.