El pasado 17 de junio, el Poder Judicial homologó el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre la constructora Odebrecht y el Equipo Especial para el caso Lava Jato del Ministerio Público, en representación del Estado.
El convenio establece que Odebrecht entrega a la Fiscalía información que pueda utilizar para las investigaciones que lleva por actos de corrupción que comprometen a políticos y funcionarios del Estado. A su favor, la empresa recibirá beneficios, uno de los principales, que las pruebas que entrega no puedan ser utilizadas en su contra.
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Sin embargo, una cláusula del acuerdo de colaboración establece un escenario en el que estas sí podrán ser utilizadas contra la constructora, específicamente en el caso de arbitrajes por la ejecución de obras en cualquiera de los cuatro proyectos en los que Odebrecht reconoció actos de corrupción: Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde Callao y Vía Expresa Cusco.
Odebrecht sostiene controversias con procuradurías sectoriales por la ejecución de algunas obras que le fueron adjudicadas. Entre estas se cuentan las obras contempladas en el acuerdo de colaboración eficaz.
En el acuerdo se estableció una cláusula para que las procuradurías sectoriales y Odebrecht solucionen las controversias que se encuentran en proceso a la fecha de modo que la constructora desista en sus pretensiones sobre el arbitraje.
Cabe precisar que el convenio contempla los hechos ilícitos o actos de corrupción en el pacto para obtener la adjudicación de las obras, es decir, las negociaciones bajo la mesa, sobornos y coimas.
Los arbitrajes, en cambio, se situación en el ámbito de la ejecución de la obra, que es, en algún sentido, otra parte del proceso, el cual no está comprendido en el acuerdo de colaboración.
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Sin embargo, la estrategia de las autoridades peruanas incorpora esa salida excepcional para que las procuradurías sectoriales, en caso Odebrecht no desista de sus pretensiones, puedan utilizar las pruebas de la colaboración en los arbitrajes relacionados con las obras comprendidas en el convenio (Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde Callao y Vía Expresa Cusco).
“Lo que contiene el acuerdo es un marco para que estas procuradurías puedan llegar a un entendimiento con la empresa para que se desista de estos arbitrajes. Y en caso esto no sucediera por alguna razón, se ha quedado con la empresa que la prueba que ellos han entregado vía el acuerdo, pueda ser utilizada en su contra, en contra de la empresa”, explicó ayer la procuradora Silvana Carrión a Canal N.