Además del Ejecutivo, desde el Congreso dos iniciativas proponen que la inmunidad no proteja a los legisladores que han cometido delitos antes de ser elegidos o que sea la Comisión Especial de la JNJ la encargada.,Entendida como lo señala el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia 0006-2003-PI/TC, la inmunidad parlamentaria es una “garantía procesal penal de carácter político” que tienen los congresistas para que no sean “detenidos ni procesados penalmente” mientras se encuentren en sus funciones. De acuerdo al TC, el objetivo de esta “garantía” es evitar “aquellas detenciones o procesos penales que, sobre bases estrictamente políticas, pretendan perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformación”. PUEDES VER Proponen que inmunidad parlamentaria no proteja delitos comunes con anterioridad Ahora, desde que el Ejecutivo presentó su propuesta para modificar la inmunidad parlamentaria, a la fecha, otros dos proyectos más para modificar el artículo 93 de la Constitución han sido presentados. De este modo, la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Rosa Bartra, deberá analizar, además del proyecto del Gobierno, el que presentó la congresista Sonia Echevarría, de Acción Republicana, y el de la congresista Karina Beteta, de Fuerza Popular. La propuesta del Ejecutivo La iniciativa del Gobierno para modificar vía reforma constitucional la inmunidad parlamentaria busca que ya no sea el Congreso el que decida el levantamiento de esta garantía, sino la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial. PUEDES VER Fujimorismo busca que comisión de la JNJ levante inmunidad parlamentaria La fórmula presentada por el Ejecutivo estipula que los parlamentarios no podrán ser “procesados ni detenidos” sin la autorización de esta sala suprema. Asimismo, dispone que esta se pronuncie como máximo en 30 días sobre si le levanta o no la inmunidad a un parlamentario. Mientras, en caso de flagrancia, el parlamentario en cuestión deberá ser puesto de inmediato a su disposición. En el caso de procesos por delitos cometidos antes de asumir funciones, la propuesta del Ejecutivo señala que “no es necesario el levantamiento de inmunidad”. “En tales casos, no se requiere pronunciamiento alguno de la Corte Suprema de Justicia de la República o del Congreso”. PUEDES VER Fujimorista Ananculí señala ser perseguida política por caso de presunta falsificación La propuesta de Acción Republicana Por otro lado, una semana después de que el primer ministro Salvador Del Solar presentase el nuevo proyecto del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria, ayer la congresista de la bancada de Acción Republicana Sonia Echevarría, presentó otro proyecto para modificar el artículo 93 de la Constitución. La iniciativa de Echevarría contempla que la inmunidad parlamentaria no proteja “a los congresistas en caso de delito común cometido antes del ejercicio de su función”. En este escenario, la propuesta de la legisladora de Acción Republicana estipula que el presidente del Poder Judicial deberá comunicar “al Congreso o a la Comisión Permanente, la continuidad del proceso penal previamente iniciado para su procesamiento y las medidas de restricción a la libertad que puedan corresponder”. Como complemento, el proyecto de Echevarría señala que el proceso iniciado a los legisladores por delitos cometidos antes de ser elegidos congresistas, “continuarán su trámite sin necesidad de requerir al Congreso el levantamiento del fuero ni de autorización de la Corte Suprema”. PUEDES VER Moisés Mamani: Comisión aprueba levantar su inmunidad parlamentaria Al respecto, el abogado Luis Lamas Puccio señaló a La República que este proyecto sobre la inmunidad parlamentaria se trata de un planteamiento de término medio. Para el especialista, no aborda los delitos que los parlamentarios pueden cometerse durante el ejercicio de sus funciones. “Hay casos reiterativos de congresistas que estando en ejercicio se ven involucrados en casos con connotación penal”, señaló. Por otro lado, señaló que sería positivo que la inmunidad no proteja a los parlamentarios con delitos anteriores a su elección, pues en ese caso no sería ya el Congreso el que deba definir la situación. El proyecto del fujimorismo Ayer también, la bancada de Fuerza Popular, a través de la congresista Karina Beteta, presentó su proyecto para modificar la inmunidad parlamentaria. De acuerdo a la iniciativa de Beteta, los congresistas no podrán ser detenidos ni procesados sin la autorización de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia. PUEDES VER Congreso: aprueban levantar la inmunidad parlamentaria de Yesenia Ponce El mecanismo sería similar al actual: la Corte Suprema solicitará el levantamiento de la inmunidad del parlamentario y, en lugar del Congreso, sería la Comisión Especial, “reunida de manera excepcional”, la que decida si acepta o no levantar la garantía. El proyecto también estipula que los procesos a los parlamentarios “durante el periodo de sus funciones”, solo podrá ser llevado por “los Fiscales y Jueces Supremos”. En declaraciones para La República, la congresista Beteta estimó que su propuesta es mejor que la del Ejecutivo, pues sostuvo que, con este, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sería decidido “por los representantes de los organismos constitucionales” que integran la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, y no por la Corte Suprema. En efecto, la Comisión Especial se encuentra conformada por el Defensor del Pueblo —quien la preside—, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor de la República, y los rectores representantes de las universidades nacionales y particulares. “Si en realidad la preocupación es que no se quiere que el mismo Congreso, con el argumento de que ahí se blinda, [decida el levantamiento de la inmunidad], pasemos a otra instancia donde no habrá argumentos que cuestionar, porque son representantes de organismos constitucionales los que tendrán que evaluar el levantamiento de inmunidad”, señaló. PUEDES VER Gobierno de Vizcarra presenta nuevo proyecto para modificar la inmunidad A su parecer, no es conveniente que la Corte Suprema decida el levantamiento de la inmunidad parlamentaria porque el Poder Judicial podría actuar como “juez y parte a la vez”. “Ellos finalmente piden el levantamiento, ellos son los que van a calificar el tipo de delito y van a levantar al mismo tiempo la inmunidad. Podría haber una mala tipificación del delito”, señaló.
