Empresaria pedirá declarar ante el juez para evitar represalia de Becerril

Ya está en Perú. Mirtha Gonzales Yep regresó para responder ante la justicia y revela que también financió la campaña regional de Antonio Becerril, hermano del parlamentario fujimorista.,La empresaria Mirtha Gonzales Yep ya se encuentra en territorio peruano y una de las acciones que adoptará en los días siguientes será la presentación de una solicitud para declarar directamente ante un juez, con el fin de prevenir eventuales represalias contra su integridad, luego de la denuncia que hiciera sobre el pago de un soborno al congresista fujimorista Héctor Becerril Rodríguez. En conversación con La República, Percy Panta, defensa legal de Gonzales Yep, adelantó que el pedido lo harán formalmente esta semana ante el Ministerio Público. PUEDES VER Salaverry pide celeridad para revisar denuncias contra Becerril y Chávarry "Vamos a solicitar una prueba anticipada para que finalmente la declaración sea ante el juez. En ciertas circunstancias, ante el peligro de que en el decurso se pierda la fuente de prueba, se puede solicitar que la declaración sea recogida ya no por un fiscal, sino directamente por un juez", explicó. El letrado subrayó que con esta decisión se busca garantizar la vida y la integridad física de la empresaria. Como se recuerda, Mirtha Gonzales Yep denunció haber pagado en el 2017 un soborno de S/ 74.000 al congresista Héctor Becerril, a través de la compra de porcelanato italiano para la mejora de la vivienda que el fujimorista tiene en Trujillo. El pago habría sido efectuado a cambio de que el legislador tuviera injerencia para que la Constructora CRD, cuya representante comercial era Gonzales Yep, pueda hacerse de la licitación de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Chiclayo, valorizada en 11 millones de soles. Gonzales Yep es actualmente investigada en el caso conocido como 'Los Temerarios del Crimen de Chiclayo' y su abogado sostuvo que colaborará con las indagaciones, tras acogerse a la figura de la confesión sincera. "En su momento, lo que se busca también es una pena justa, de acuerdo a ley, en el entendido de que hubo un mea culpa", precisó. El otro favorecido Ayer por la noche, el dominical Cuarto Poder difundió nuevas declaraciones de la empresaria, quien además reveló haber financiado la campaña regional de Antonio Becerril, hermano del parlamentario fujimorista. Antonio Becerril, quien se acogió a la confesión anticipada y aceptó que cobró coimas, fue candidato al gobierno regional de Lambayeque por Fuerza Popular, en las elecciones de octubre pasado. Antonio Becerril ha sido condenado a cuatro años de prisión suspendida. Según Gonzales Yep, ella pagó un mes de publicidad a favor de la candidatura de Antonio Becerril y cortó el financiamiento porque le querían cobrar más de lo estipulado. Como prueba presentó una comunicación vía WhatsApp del 26 de abril del 20018, donde el dueño de la empresa de publicidad le dice que ha colocado afiches con el rostro de Antonio Becerril y su logo en autobuses y combis, pero que el precio se triplicaría porque las unidades pedían más dinero, dada la demanda de otros postulantes. Gonzales Yep recuerda que el empresario le dijo que trató de hablar con el otro hermano, Wilfredo Becerril, para solucionar el problema, sin tener respuesta. Por esta razón, para Gonzales este cobro irregular y otros fueron conocidos por los tres hermanos Becerril. Riesgo de demora en grupo de acusaciones constitucionales - Si bien ya hay dos denuncias constitucionales contra el fujimorista Héctor Becerril, existe el riesgo de que el caso no sea revisado con prontitud en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside César Segura, miembro de la bancada Fuerza Popular. - Y es que en conversación con este diario, el legislador Segura estimó que hay un promedio de 150 denuncias pendientes de revisión y luego de estas recién serían atendidas las acusaciones tramitadas contra Héctor Becerril, por el caso de la presunta recepción de soborno. - Las denuncias contra el citado fujimorista fueron presentadas por los grupos parlamentarios Frente Amplio y Nuevo Perú por la infracción contra varios artículos de la Carta Magna.