En las próximas semanas veremos una batalla entre, de un lado, aquellos que quieren conocer toda la verdad sobre la corrupción de Odebrecht y de otras empresas, así como funcionarios públicos, para que la justicia haga su trabajo y, de otro, aquellos que no quieren que se sepa la verdad pues muchos de ellos están involucrados en esos actos de corrupción. La batalla girará alrededor del Acuerdo de Colaboración Especial (ACE) que ha tomado un sustento firme en la suscripción del Acta de Acuerdo Preparatorio para formalizar los acuerdos y redactar el ACE final entre Odebrecht, el Ministerio Público del Perú y la Procuraduría Pública Ad-hoc del Perú. Es esa Acta Preparatoria la que ha sido filtrada con el claro propósito de torpedear el ACE para hacerlo caer y desaparecer. Dicho esto, esa filtración no se va a tumbar el ACE pues lo que contiene es, si podemos llamarlo así, el “marco general legal” sobre la base del cual el ACE se va a desarrollar. Lo grave hubiera sido que se filtren las evidencias ofrecidas por Odebrecht, tales como correos electrónicos, documentos, transferencias bancarias, entrega de los sistemas Drousys y My Web Day, entre otros. Eso es lo que va a suceder cuando los fiscales vayan a Brasil en febrero y marzo para interrogar a los funcionarios de Odebrecht, para corroborar las informaciones ya recibidas desde el 2017 y las “nuevas” que están por venir. Estas pruebas ofrecidas y recibidas serán evaluadas por el Equipo Especial de Fiscales para determinar si, en efecto, se puede corroborar la comisión de las faltas y delitos. Después de ello, el ACE deberá ser sometido a la homologación por parte de la Sala Penal Nacional. Solo después es que el ACE cobrará vida. Corolario: los fiscales (el Ministerio Público) no toman la decisión final. Lo hace el Poder Judicial. Regresando a la batalla política: vamos a tener una prédica moralista que dirigirá su artillería a decir: “quien firma con una empresa corrupta es un corrupto”. Desean impactar en la opinión pública, harta de corrupción, para pescar a río revuelto. Y van a emplear todos los medios a su alcance, incluyendo las acusaciones al presidente Vizcarra como “corrupto” y avanzar hacia la vacancia. Detrás de este “purismo” –de esta supuesta voluntad de “no transar” con la corrupción– se esconde la impunidad de los propios corruptos, pues si no hay ACE no sabremos quiénes cometieron los delitos por decenas de millones de dólares. Debe quedar claro que el ACE es eso, un acuerdo. En todo acuerdo se hacen concesiones. Una de ellas es que la empresa pueda seguir contratando con el Estado, lo que ha sucedido en muchos casos a nivel mundial (Siemens, JP Morgan, Goodyear, Hewlett Packard, IBM y Ralph Lauren, ver “Las otras grandes empresas que delinquieron como Odebrecht, El Comercio, 22/01/2019). En el caso de Odebrecht, se firmó un acuerdo con EEUU que implicó la remoción de toda la plana “antigua” de la gerencia y Acuerdos de Ética. Para garantizar su cumplimiento, un equipo del Departamento de Justicia de EEUU está en la sede de Odebrecht en Brasil. En el caso peruano, el ACE implica una reparación civil por S/ 610 millones por cuatro obras. Y de manera explícita se dice que si en otras obras se descubre corrupción, se sumará a los ya descubiertos. Así, por ejemplo, la reparación civil de la carretera Chacas, en Áncash, por S/ 62 millones, se adiciona a los S/ 610 millones ya mencionados. Se critica también ahora que el monto de S/ 610 millones (US$ 182 millones) es muy pequeño, pero no se dice que dicho monto (que puede aumentar) ha sido calculado de acuerdo al reglamento de la Ley 30737 y está “en línea” o es superior a lo cobrado en otros países. En efecto, a 5.5 veces la corrupción reconocida por Odebrecht (US$ 32 millones), mientras que en Panamá fue de dos veces y en Panamá fue de 4 veces. Y, ojo, si se descubre corrupción en las consorciadas, la reparación civil aumentará (ya hay S/ 200 millones de embargos a las consorciadas de Odebrecht). Lo que no se dice es que si se le impide a Odebrecht “continuar con vida”, entonces entrará en quiebra y no se podrán recuperar los S/ 610 millones ni tampoco se podrá resarcir a los contratistas y proveedores de las obras, que hoy tienen grandes deudas. Eso les importa poco a los enemigos del ACE, como Pedro Chávarry, quien retiró a los fiscales Vela y Pérez. Tiemblan porque saben, además, que ya se han incorporado nuevos testigos, tanto en Brasil como en Perú. Es evidente que del resultado de esta “madre de todas las batallas” (que no es nada fácil) contra la corrupción depende el resto de reivindicaciones económicas, políticas y sociales. Hay que separar la paja del grano y no caer en el juego de los supuestos “puristas”. Y, claro, la sociedad civil deberá movilizarse nuevamente para que se sepa la verdad y haya justicia.
