“Se trata de un episodio inocuo, que no hubiera escalado tanto si el Presidente hubiera contestado con claridad desde un principio",La corrupción del caso Lava Jato lleva más de un año monopolizando nuestra agenda. Con tantos expresidentes, ministros, autoridades municipales, congresistas y empresarios vinculados a esta trama es lógico que así sea. Pero el horizonte cercano del acuerdo entre Odebrecht y la justicia peruana (se firmará este 4 de febrero) ha tensado al máximo esta dinámica. El inminente desborde de información que seguirá al acuerdo (los interrogatorios a Jorge Barata y otros cinco colaboradores se realizarían del 18 al 22 de febrero) está empujando a los investigados a redoblar su ofensiva contra el sistema que los tiene acorralados. Ya no importa proteger la imagen pública: todo vale con tal de salvarse. El ataque más grosero fue el despido de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, que fue revertido y apresuró la renuncia de Pedro Chávarry a la Fiscalía de la Nación. Lo ha seguido la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho, cuyos alcances son limitados, incluso si no prosperan los recursos interpuestos por el fiscal Vela, pues solo afecta al Caso Cócteles y al financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori por Odebrecht. Es en el frente político donde de verdad se juega el destino de este proceso de limpieza, con un intento desde la alianza del fujimorismo y el Apra por forzar una salida dramática, que podría incluso quebrantar nuestro orden institucional. Ese es el fondo del ataque lanzado contra Martín Vizcarra por la noticia —llamarla «denuncia» es una exageración— de los servicios ofrecidos por CYM Vizcarra a Conirsa, consorcio integrado por Odebrecht y Graña y Montero. Los hechos ocurrieron hace doce años, cuando Vizcarra no era funcionario público, y Odebrecht y Graña Montero no eran sospechosas de corrupción. Otras 35 empresas fueron contratadas igual que CYM Vizcarra y se les pagó por horas, con un sistema que impide los sobreprecios. Se trata de un episodio inocuo, que no hubiera escalado tanto si el Presidente hubiera contestado con claridad desde un principio, en vez de enredarse en una espiral de imprecisiones por el temor a que su nombre se asocie con Odebrecht o Graña y Montero. Resulta más que evidente que la investigación emprendida desde la Comisión de Fiscalización busca desestabilizarlo, abriendo la hipótesis de una vacancia presidencial, como lo han adelantado algunos conspicuos apristas y fujimoristas. Se trata de una empresa condenada al fracaso por la nueva correlación de fuerzas parlamentarias, como lo fue el intento de censurar al presidente del Congreso Daniel Salaverry. Tomando esto en consideración, convendría preguntarnos si más bien estamos ante una provocación lanzada para animar un cierre el Congreso, convirtiendo a los investigados en perseguidos políticos. Martín Vizcarra se mueve en aguas pantanosas, a pocos días de una definición del caso Lava Jato. Responder con ambigüedad y dudar son dos lujos que no puede volverse a permitir.
